Colombia - La Procuraduría General de la Nación ha instado al Ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, a realizar la transferencia de los recursos correspondientes a los presupuestos máximos de los meses de noviembre y diciembre de 2023 a las Empresas Promotoras de Salud (EPS).
En una solicitud que busca asegurar el suministro de medicamentos y tratamientos para enfermedades crónicas y catastróficas, el ente de control también exige al funcionario informar la fecha precisa en la que se llevará a cabo el reconocimiento de los ajustes para la vigencia 2022. Esta omisión hasta la fecha, según la Procuraduría, pone en peligro la salud de millones de colombianos.
La Procuraduría evidenció retrasos en los pagos, especialmente durante el segundo semestre de 2023, específicamente en octubre, cuando solo se efectuó el giro correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre. Además, resalta que los ajustes para la red prestadora de servicios de salud del año 2021 se reconocieron únicamente en el presente año.
En otro aspecto, el organismo de control demanda la programación de mesas técnicas y participativas que permitan revisar y discutir aspectos jurídicos, técnicos y financieros. El objetivo de estas mesas es determinar la suficiencia de la Unidad de Pago por Capacitación (UPC) para la vigencia 2024.
La Delegada para asuntos del trabajo y la seguridad social resalta que, al acercarse el cierre del 2023, persiste un desconocimiento total acerca de la información y metodología proporcionada por las aseguradoras para el cálculo adecuado del UPC para 2024.
Finalmente, la Procuraduría advierte sobre la gravedad de las actuaciones del Ministro, señalando que estas están afectando el derecho fundamental a la salud de los colombianos. Un llamado urgente se emite para que el MinSalud realice los giros necesarios a las EPS, asegurando así el acceso continuo a medicamentos esenciales y tratamientos médicos.
