Colombia – El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, lanzó un llamado urgente a garantizar una "Paz Electoral" durante el actual proceso político, en medio de un ambiente de tensión por las recientes intervenciones públicas del presidente Gustavo Petro y del ministro del Interior, Armando Benedetti. Eljach instó a todos los servidores públicos, desde el Jefe de Estado hasta los funcionarios locales, a acatar la Constitución y evitar cualquier participación indebida en política, subrayando la responsabilidad institucional de preservar la calma.
El pronunciamiento se produjo en el contexto de una campaña electoral marcada por señalamientos cruzados y polarización. En un comunicado oficial, el procurador advirtió que Colombia ha sufrido en distintas etapas de su historia las consecuencias de la violencia derivada de tensiones sociales y políticas. “Mi llamado es a no repetir esa historia dolorosa”, afirmó el jefe del Ministerio Público, quien propuso como consigna nacional la expresión “Paz Electoral”.
Llamado preventivo y alcance institucional
El procurador recordó que los servidores públicos están obligados a mantener neutralidad durante las elecciones, absteniéndose de favorecer candidatos o movimientos. Subrayó que la Procuraduría mantendrá vigilancia preventiva y disciplinaria sobre el comportamiento de funcionarios de todos los niveles, incluidas las autoridades locales. También recalcó que el Presidente y su gabinete tienen derecho a defender su gestión, siempre dentro de los límites legales.
Aunque la Procuraduría General no tiene competencia para investigar directamente al Presidente de la República, sí puede remitir denuncias ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, el órgano encargado de adelantar tales procesos. En cambio, el procurador sí puede abrir investigaciones y aplicar sanciones disciplinarias a ministros, directores de departamentos, superintendentes, gobernadores, alcaldes y demás servidores públicos.
El llamado ocurre luego de que el presidente Gustavo Petro, a finales de septiembre, ordenara a través de sus redes sociales que el Pacto Histórico, coalición que lo respalda, realizara una consulta interna para definir su candidatura presidencial. La instrucción generó división dentro del movimiento, pues algunos sectores preferían aplazar el mecanismo.↙️
El Pacto Histórico debe ir a consulta popular. Es el pueblo el que tiene derecho a elegir sus candidatas o candidatos
— Gustavo Petro (@petrogustavo) September 26, 2025
Diversos analistas interpretaron el mensaje como una intervención directa en la organización interna de su partido, lo que reavivó el debate sobre los límites de la participación política de los funcionarios públicos.
Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, concedió una entrevista a la revista Semana en la que abordó temas de coyuntura electoral, comentando perfiles y estrategias de aspirantes del Pacto Histórico y de partidos opositores. Sus declaraciones también despertaron cuestionamientos sobre la pertinencia de que un alto funcionario participe en debates partidistas durante un periodo electoral. Ni Petro ni Benedetti han respondido oficialmente a los pronunciamientos de la Procuraduría.
Contexto de tensión política y señalamientos públicos
El clima político se intensificó tras el asesinato del senador y precandidato opositor Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado agosto. Aunque las investigaciones judiciales siguen en curso, varios dirigentes y familiares de Uribe han atribuido responsabilidad moral al Gobierno, argumentando que los discursos polarizantes pudieron influir en el ambiente previo al crimen. Estas acusaciones han sido calificadas por el propio presidente como infundadas. Petro anunció que presentará acciones legales contra quienes lo vinculen con los hechos.
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La Procuraduría no se refirió de manera directa al caso Uribe, pero su mensaje enfatizó la necesidad de una campaña sin discursos de odio ni señalamientos que alimenten la violencia. El organismo insistió en que los partidos y candidatos deben ejercer sus derechos políticos en paz, defendiendo sus convicciones dentro de las reglas democráticas.
Fuentes cercanas a la Procuraduría explicaron que la estrategia preventiva incluirá la verificación de posibles faltas disciplinarias por uso indebido de recursos o medios públicos en la campaña. El objetivo, según voceros institucionales, es “garantizar igualdad de condiciones y transparencia en los comicios”.
Expertos en derecho constitucional consultados por medios nacionales señalaron que el pronunciamiento busca reafirmar los límites del poder administrativo en tiempos electorales. “No es una censura al debate político, sino un recordatorio de que la participación de funcionarios está regulada por la ley”, explicó un exmagistrado del Consejo de Estado citado por la prensa.
En el Congreso, el comunicado dividió opiniones. Legisladores del Pacto Histórico defendieron el derecho del presidente a expresar su opinión sobre el futuro de su movimiento, mientras que miembros de la oposición respaldaron la advertencia de la Procuraduría, destacando la importancia de mantener la neutralidad institucional.
El contexto electoral ha puesto de relieve las tensiones entre la autonomía partidista y las responsabilidades de quienes ocupan cargos públicos. En este sentido, analistas consultados por El País y EFE coinciden en que la advertencia del procurador también busca prevenir conflictos similares a los registrados en elecciones anteriores, cuando intervenciones estatales generaron controversias disciplinarias y sanciones.
Rumbo hacia una campaña en calma
El Ministerio Público reiteró que los resultados de las urnas deberán ser respetados y salvaguardados por todos los actores, como garantía del orden democrático. “Eso fortalecerá la democracia, la institucionalidad, las libertades y el ordenamiento jurídico”, señaló Eljach en su comunicado.
A la fecha, la Presidencia no ha emitido una respuesta formal al pronunciamiento del Ministerio Público. Mientras los partidos políticos ajustan sus estrategias en medio de un ambiente enrarecido, con llamados reiterados desde distintos sectores para que el debate electoral se mantenga dentro de la civilidad.
La advertencia de la Procuraduría se enmarca en una coyuntura en la que el país busca blindar la institucionalidad frente a discursos que dividen y confrontan. En los próximos días, el organismo anunciará un plan de seguimiento al comportamiento de las autoridades y de los actores políticos durante la recta final de la campaña.
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