Colombia – La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, por presunta participación indebida en política. La decisión se produjo menos de 24 horas después de que el procurador Gregorio Eljach hiciera un llamado público a todos los servidores del Estado, incluido el presidente Gustavo Petro, para garantizar una "paz electoral" y respetar la neutralidad institucional durante el proceso de 2026.
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El anuncio marcó un punto de tensión en la relación entre el Ministerio Público y el Ejecutivo, pues la medida recae sobre un miembro activo del gabinete presidencial. De acuerdo con el comunicado de la Procuraduría, el proceso busca establecer si las declaraciones de Montealegre constituyeron una falta disciplinaria al intervenir en temas de contenido político-electoral.
En una entrevista concedida a la revista Semana, el ministro calificó la precandidatura del abogado Abelardo De la Espriella como “caricaturesca” y cuestionó su idoneidad moral para aspirar a la Presidencia. "Él es muy bueno para vender ron, excelente para cantar ópera, pero no lo veo con ninguna formación intelectual y ética, siendo un abogado de la mafia, para ser presidente de Colombia", dijo Montealegre durante la conversación. También mencionó sentirse más identificado con el senador Iván Cepeda, aunque aclaró que no anunciaría su voto.
Estas expresiones fueron interpretadas como una posible infracción a la Directiva 013 de 2025, emitida por la propia Procuraduría, que prohíbe a los funcionarios públicos intervenir en controversias electorales desde su cargo. Dicha norma busca evitar que el poder del Estado se utilice para favorecer o deslegitimar candidaturas.
Reacción inmediata del Ministerio Público
El equipo jurídico de De la Espriella elevó una solicitud formal ante el órgano de control, alegando que las declaraciones de Montealegre representaban una participación política indebida. Tras revisar el material, la Procuraduría abrió formalmente la investigación, notificando al ministro para que rinda descargos en los próximos días. Según el procedimiento disciplinario, de encontrarse méritos, el caso podría escalar a etapa de juicio interno y derivar en sanciones que van desde la amonestación hasta la destitución e inhabilidad temporal para ejercer cargos públicos.
El pronunciamiento de Eljach un día antes de la decisión resulta clave para entender el contexto institucional. En su comunicación del 6 de octubre, el procurador hizo un llamado general a evitar los discursos de odio y a garantizar un ambiente electoral pacífico. “Mi llamado es a no repetir esa historia dolorosa. Por eso mi propuesta es Paz Electoral”, señaló en el texto, instando al presidente Petro, su gabinete y todos los funcionarios a “acatar la ley y la Constitución”.
El documento también enfatizó que los servidores públicos pueden defender su gestión, pero dentro de los límites constitucionales: “El Presidente de la República y los miembros de su gabinete tienen el derecho legítimo a defender su programa, siempre y cuando se haga en el marco de la ley”. Con ese marco, la apertura de la investigación al día siguiente refuerza el mensaje institucional de vigilancia sobre la conducta de los funcionarios en plena precampaña.
El trasfondo político y jurídico del caso
Eduardo Montealegre, quien asumió el Ministerio de Justicia en junio de 2025, ha sido una figura recurrente en los debates sobre independencia judicial y polarización política. Su pasado como fiscal general y magistrado de la Corte Constitucional lo ubica como un jurista de peso, pero también como un actor político con opiniones fuertes. Su reciente calificación de De la Espriella como “abogado de la mafia” elevó la controversia a un nivel nacional.
El episodio coincide con una etapa de alta sensibilidad institucional. Las autoridades electorales y disciplinarias han intensificado su vigilancia para evitar que los servidores interfieran en la competencia entre precandidatos. La Directiva 013, base legal de este proceso, se emitió justamente para prevenir que se repita el uso de la función pública con fines electorales, una práctica que ha generado sanciones en gobiernos anteriores.
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En ese contexto, la Procuraduría ha reiterado que la vigilancia no es política sino preventiva. Eljach señaló que su despacho está “vigilante desde su misión preventiva y disciplinaria”, dejando claro que el control se aplicará sin distinción de partidos o filiaciones.
Montealegre no ha emitido una respuesta oficial a la apertura del proceso, aunque fuentes del Ministerio de Justicia indicaron que el titular confía en que sus declaraciones fueron “expresión de opinión personal, no de participación política”. Sin embargo, la jurisprudencia disciplinaria ha establecido que incluso las opiniones personales pueden considerarse intervención si provienen de un cargo público y se refieren a actores electorales activos.
El caso también ha generado reacciones en sectores políticos. Dirigentes del Centro Democrático celebraron la decisión de la Procuraduría como un ejemplo de imparcialidad institucional, mientras que voces cercanas al gobierno pidieron prudencia y respeto por el debido proceso. En redes sociales, el debate se ha centrado en la línea difusa entre la libertad de expresión y la intervención política de los servidores públicos.
H3 Marco legal y antecedentes disciplinarios
El control de la participación política de los funcionarios no es nuevo. En 2022, la Procuraduría sancionó a varios alcaldes por promover candidaturas desde sus despachos. En aquel entonces, el Consejo de Estado reafirmó que la neutralidad administrativa es un principio esencial de la función pública. La Directiva 013 consolida esa doctrina, recordando que cualquier manifestación que pueda influir en el elector está sujeta a vigilancia disciplinaria.
El desarrollo de este caso podría definir los límites entre libertad de expresión y responsabilidad institucional dentro del actual proceso electoral. Por ahora, la investigación a Montealegre se convierte en la primera prueba de fuego para la consigna de “paz electoral” proclamada por el Ministerio Público.
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