Colombia – El Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá concedió los recursos de apelación interpuestos por la Procuraduría General y la defensa técnica del expresidente Álvaro Uribe Vélez, enviando el caso a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá para su estudio en segunda instancia. La decisión se produce tras la presentación de los sustentos dentro del término legal contra la sentencia mixta del 1 de agosto de 2025, que había condenado a Uribe por fraude procesal y soborno en actuación penal.
La juez Sandra Liliana Heredia Aranda confirmó que tanto la Procuraduría, como la defensa y el propio expresidente cumplieron con los plazos establecidos. Además, los representantes de víctimas y la Fiscalía se pronunciaron dentro del tiempo otorgado a los no recurrentes, lo que permitió activar el efecto suspensivo y remitir de inmediato el expediente al Tribunal Superior, siguiendo el protocolo de gestión documental electrónica del Consejo Superior de la Judicatura.
El traslado del proceso a segunda instancia marca un nuevo capítulo judicial para Uribe, quien recuperó la libertad el pasado 20 de agosto tras la revocatoria de la detención domiciliaria por parte de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. La medida se adoptó mientras el Tribunal evalúa las apelaciones interpuestas, que cuestionan aspectos clave del fallo de primera instancia.
Los recursos de apelación buscan revisar los errores en el análisis probatorio identificados por la defensa y la Procuraduría. Entre los principales argumentos está la supuesta descontextualización de los intentos del expresidente por verificar información relacionada con acusaciones que lo vinculaban inicialmente con la conformación de grupos armados ilegales y la presión a testigos.
La defensa, liderada por los abogados Jaime Granados Peña y Jaime Lombana Villalba, radicó su apelación el 13 de agosto, mientras que la Procuraduría presentó la suya el 11 de agosto. El documento de la defensa incluye 907 páginas, donde se enfatiza que la sentencia de primera instancia contiene desaciertos que afectan las conclusiones judiciales, incluyendo la interpretación de la filiación política del exmandatario. “La Corte ha sido clara al definir que el derecho a la defensa no es nominal, sino real, activo y material, lo cual implica la posibilidad de solicitar que se escuche a un testigo, presentar documentación y allegar elementos que puedan ser valorados por el órgano judicial”, resalta el recurso presentado.
El 22 de agosto venció el término de cinco días otorgado a los no recurrentes (representantes de víctimas y Fiscalía) para pronunciarse frente a los recursos de apelación. Ambos actores judiciales se pronunciaron dentro del plazo, lo que permitió que la juez Heredia Aranda emitiera la orden de remitir de manera inmediata el expediente al Tribunal Superior de Bogotá. El cumplimiento de estos plazos garantiza que la segunda instancia se estudie bajo las normas procesales vigentes, asegurando la revisión completa de los recursos interpuestos y la integridad del derecho de defensa de todas las partes.
La sentencia de primera instancia, emitida el 1 de agosto de 2025, había condenado a Uribe Vélez a 12 años de prisión y multa de 2.420,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, además de la inhabilitación por más de 100 meses para ejercer cargos públicos. El fallo encontró al expresidente responsable de soborno en actuación penal en tres episodios concretos, donde se identificó la entrega de incentivos a testigos clave como Eurídice Cortés, Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve. También se le declaró culpable de fraude procesal, por el uso de declaraciones obtenidas de manera irregular con el objetivo de influir en decisiones judiciales, en algunos casos relacionadas con exparamilitares como 'El Tuso' Sierra y Carlos Enrique Vélez. Uribe fue absuelto del delito de soborno simple vinculado con la exfiscal Hilda Niño Farfán, lo que dejó la condena centrada en los otros dos delitos principales. Más de 90 testigos y diferentes pruebas documentales y digitales respaldaron la decisión del Juzgado 44.
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Con el envío del caso a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, el Tribunal deberá decidir sobre los recursos de apelación presentados tanto por la defensa como por la Procuraduría. Esta instancia revisará los argumentos de fondo y determinará si se mantiene, modifica o revoca la condena inicial. El proceso mantiene relevancia nacional por su connotación política, dado que involucra a un expresidente y exsenador de Colombia. La resolución de la Sala Penal también afectará la percepción pública sobre la independencia y eficacia de los órganos judiciales en casos de alto perfil.
Mientras tanto, Uribe sigue en libertad, lo que permite su participación en actividades públicas y privadas mientras se resuelve la segunda instancia. Esta situación también genera seguimiento mediático constante y debates sobre los derechos de los procesados frente a condenas de alto perfil.
La Procuraduría y la defensa cuestionan errores de contexto en la sentencia, incluyendo la valoración de pruebas y la interpretación de la conducta del expresidente frente a los señalamientos iniciales. El derecho a la defensa se mantiene como eje central, garantizando que todas las partes puedan presentar elementos, escuchar testigos y alegar dentro de la ley. El caso ha tenido amplia cobertura nacional e internacional, siendo seguido de cerca por medios especializados y autoridades judiciales.
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