Colombia - En un discurso dirigido a la nación, el presidente Gustavo Petro Urrego denunció el inicio de lo que considera un golpe de Estado en su contra, tras la formulación de cargos por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE). Durante su alocución, Petro manifestó que esta situación no solo atenta contra su integridad como presidente constitucional, sino que también pone en riesgo la democracia en Colombia, respaldada por más de 11 millones de votos que lo llevaron al poder.
El mandatario calificó las acusaciones del CNE como "infundadas", señalando que estas acciones representan un intento de deslegitimar su mandato. En su intervención, enfatizó que "hoy se ha roto el fuero integral del presidente de la República de Colombia", una afirmación que subraya la gravedad que le atribuye a la situación. Aseguró que este evento podría ser la mayor afrenta a la democracia en la historia del país, planteando la necesidad de una defensa activa por parte del pueblo colombiano.
Petro abordó en detalle las cinco acusaciones principales presentadas por el CNE:
- Aportes irregulares a su campaña: Se le señala por recibir contribuciones de la Unión Sindical Obrera (USO) y Fecode, organizaciones que, según el CNE, habrían aportado de manera irregular a su campaña presidencial. Sin embargo, Petro argumentó que esos recursos fueron destinados a su partido, Colombia Humana, y no a su campaña directa.
- Pagos a testigos electorales: El CNE lo investiga por presuntos pagos a testigos que, según se afirma, no fueron reportados adecuadamente. El presidente desestimó esta acusación y aseguró que todos los pagos realizados estaban debidamente justificados y registrados.
- Gastos de campaña no reportados: Se le acusa de no reportar ciertos gastos en la contabilidad de su campaña. Petro indicó que todos los gastos fueron informados conforme a la normativa vigente, y que no existen irregularidades en este sentido.
- Contratos sin transparencia: Otro de los puntos mencionados por el CNE se refiere a la falta de transparencia en los contratos que su campaña habría celebrado. En respuesta, el presidente manifestó que los contratos han sido auditados por la firma independiente Nexia Internacional, la cual validó sus cuentas de campaña.
- Recursos del Estado a la campaña: Finalmente, se le cuestiona por el uso de recursos del Estado durante su campaña. El presidente afirmó que todos los dineros utilizados fueron debidamente gestionados y que su origen es claro, solicitando a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara que haga público el expediente para que la ciudadanía pueda acceder a las pruebas que respaldan su defensa, que incluyen más de 25 pruebas testimoniales y 34 documentales.
El tono del discurso fue contundente, al afirmar que las acusaciones son un intento de "confundir y malinterpretar" los hechos, lo que, a su juicio, podría desestabilizar la institucionalidad en el país. En este sentido, Petro solicitó que se haga público el expediente, de manera que la ciudadanía pueda acceder a las pruebas que respaldan su defensa.
En un llamado directo a la ciudadanía, el presidente instó a la movilización generalizada en defensa de la democracia, pidiendo a las organizaciones populares que se reúnan en asambleas permanentes. “Es el tiempo del Pueblo”, expresó, subrayando que la democracia en Colombia no debe ser puesta en peligro por intereses políticos. En este contexto, ordenó a la Fuerza Pública que “no levante una sola arma contra el pueblo”, enfatizando la necesidad de que la violencia y la inequidad terminen en el país.
Petro concluyó su alocución manifestando que la decisión del CNE marca el inicio de un ataque directo contra el fuero integral del presidente, representando una "fractura burda e incontrovertible de la Constitución misma". Esta declaración se inscribe en un panorama político cada vez más polarizado, donde las tensiones entre el gobierno y la oposición se agudizan.
En este contexto, y a pesar de las denuncias del presidente, el actuar del CNE se encuentra respaldado por la Constitución. Una reciente sentencia del Consejo de Estado avaló la capacidad del organismo para investigar las campañas electorales, lo que ha generado un debate sobre la legalidad y el alcance de las acusaciones. Esta resolución dejó claro que, en caso de sanciones, estas serían de carácter administrativo, limitándose a multas o a la obligación de devolver los dineros otorgados por el Estado a la campaña. En este sentido, el Congreso sería el único ente capaz de decidir sobre una posible destitución del presidente, lo que enfatiza la importancia de la separación de poderes en la gestión política del país.
