Colombia - El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha formulado cargos contra Gustavo Petro, el actual presidente de Colombia, relacionados con su campaña presidencial. Estos cargos surgen de la investigación sobre posibles irregularidades en la financiación de su campaña, conocida como “Petro Presidente”, que fue gestionada por Ricardo Roa como gerente de la campaña. A continuación, se explican los aspectos más destacados de esta acusación.
En las elecciones, el CNE encontró que la campaña de Gustavo Petro sobrepasó los límites de financiación establecidos por la ley en 3.709 millones de pesos. Esto significa que la campaña recibió más dinero del permitido, lo que es considerado una violación a las normas electorales.
Uno de los principales puntos de la investigación se refiere a la omisión de un aporte de FECODE, que equivale a 500 millones de pesos. FECODE es la Federación Colombiana de Educadores y su aporte no fue reportado adecuadamente, lo cual es un problema ya que afecta la transparencia de la financiación de la campaña. Todos los recursos que recibe una campaña deben ser reportados de manera clara y completa para garantizar que no haya conflictos de interés o uso indebido de fondos.
Además, la campaña no registró un préstamo de 500 millones de pesos que se dice fue otorgado por el Partido Polo Democrático. Este préstamo también debería haber sido declarado, ya que cualquier financiación debe ser documentada para asegurar que todo se maneje legalmente.
Otro hallazgo importante fue la falta de reporte sobre el pago a testigos electorales, que totalizó 931 millones de pesos. Los testigos electorales son personas que ayudan a vigilar y asegurar la legalidad de los procesos electorales. Si no se reportan los pagos realizados a estas personas, surgen dudas sobre la legitimidad de estos gastos.
Además, se descubrió que la campaña no había declarado adecuadamente los gastos relacionados con el transporte aéreo, que suman 1.249 millones de pesos. Este tipo de gastos es crítico para el análisis del financiamiento, ya que podría indicar cómo se están utilizando los recursos y si estos son legítimos.
En cuanto a la segunda vuelta electoral, el CNE también encontró irregularidades. Por ejemplo, no se reportaron gastos por el alquiler de un evento en el Movistar Arena, que costó 100 millones de pesos. Este tipo de eventos son fundamentales para las campañas, y cualquier gasto relacionado con ellos debe ser transparentado.
Además, hubo inconsistencias en los reportes sobre ingresos y gastos, especialmente en relación con aportes no declarados de la Unión Sindical Obrera (USO), que ascendieron a 379 millones de pesos. La falta de claridad en cómo se financian las campañas puede generar preocupaciones sobre la ética y la legalidad en el proceso electoral.
El CNE, al formular estos cargos, tiene como objetivo asegurar que todos los actores del proceso electoral cumplan con las normas establecidas, garantizando la transparencia y la equidad en las elecciones. Esta investigación podría tener importantes repercusiones no solo para la campaña de Gustavo Petro, sino también para el futuro de la financiación de campañas en Colombia.
