Colombia — El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, anunció la suspensión temporal del traslado de cabecillas criminales a cárceles de Barranquilla, una decisión que reconfigura la hoja de ruta de seguridad penitenciaria y abre un nuevo pulso institucional con las autoridades locales en torno a la coordinación previa entre entidades nacionales y territoriales.
La determinación fue comunicada por el propio funcionario en un mensaje publicado en su cuenta de X, donde dejó claro que la medida queda en pausa mientras se garantizan condiciones de articulación entre el INPEC, la Policía Nacional y las autoridades del Distrito y del departamento. La frase que selló el anuncio fue directa: “Por ahora, el traslado de estos cabecillas está suspendido”.
El alcance inmediato de la suspensión es operativo y político. En lo operativo, frena un movimiento carcelario que había sido diseñado para concentrar a líderes de estructuras criminales en centros de reclusión de Barranquilla. En lo político, instala una discusión pública sobre quién fija las condiciones de seguridad cuando confluyen decisiones del Gobierno nacional y preocupaciones de las autoridades territoriales.
Suspensión bajo presión institucional
Idárraga precisó que la pausa no implica una reversión definitiva, sino un compás de espera condicionado a la coordinación institucional. En su mensaje, el ministro insistió en que el objetivo es garantizar “vigilancia estricta y control permanente”, con el fin de evitar que los internos continúen delinquiendo desde prisión.
La suspensión se conoce en medio de un ambiente de tensión con la Alcaldía de Barranquilla. Aunque el ministro no atribuyó la decisión a una solicitud formal del gobierno distrital, el anuncio se produjo después de que el alcalde Alejandro Char expresara públicamente su rechazo al traslado y reclamara mayor articulación entre las entidades responsables de la seguridad penitenciaria y urbana.
De manera paralela, la Alcaldía de Barranquilla difundió un comunicado oficial, publicado por RedPrensa, en el que cuestionó la medida por falta de coordinación previa y por los riesgos que, a su juicio, implicaría para la seguridad de la ciudad. En ese pronunciamiento institucional se subrayó la necesidad de que cualquier traslado de alto impacto se adopte con información anticipada y con un plan integral de manejo de riesgos.
Para el Gobierno nacional, la suspensión busca reordenar el proceso sin desmontar su propósito central. Idárraga fue enfático en que la lucha contra la criminalidad requiere “institucionalidad unida”, una expresión que apunta a una hoja de ruta compartida entre Nación y territorio.
Contexto de cifras y control
El anuncio no llegó aislado de datos. En su mensaje público, el ministro sostuvo que las decisiones recientes en materia de seguridad han tenido impacto medible en los indicadores. Citó cifras del Ministerio de Defensa que reportan una reducción del 57% en homicidios y del 84% en extorsiones a finales de 2025.
Ese contraste se apoya en un punto de referencia crítico. Idárraga recordó que 2024 cerró con 487 homicidios en Barranquilla, la cifra más alta en dos décadas, y que la extorsión había aumentado 458% entre 2021 y 2023. Para el ministro, estos datos explican la urgencia de decisiones de alto impacto en el manejo de cabecillas criminales.
En el mismo hilo, el funcionario negó que el traslado de jefes de bandas pueda interpretarse como una concesión a los delincuentes. “Aquí no hay ‘premios’, hay resultados frente a una crisis que su administración no logró contener”, escribió, en referencia directa al alcalde Char.
Desde la Alcaldía, el mensaje ha sido consistente en dos frentes. Primero, la preocupación por el impacto que tendría la llegada de cabecillas a centros penitenciarios locales en términos de orden público. Segundo, la exigencia de que las decisiones se adopten con información previa y con participación de las autoridades que deben gestionar las consecuencias en el territorio.
En su pronunciamiento en X, Alejandro Char calificó como riesgoso el traslado de “peligrosos criminales como Digno, Castor, el ‘Negro Ober’ y 40 delincuentes adicionales” a cárceles que, a su juicio, no cuentan con las condiciones necesarias. Esa postura fue reforzada por el comunicado institucional de la Alcaldía, que pidió transparencia y coordinación como condiciones mínimas.
El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, se sumó al reclamo y solicitó la intervención de la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo para garantizar control institucional del proceso.
La suspensión como punto de inflexión se traduce hoy en una pausa administrativa y política. La medida mantiene en suspenso el traslado de cabecillas como Digno José Palomino Rodríguez, Jorge Eliecér Díaz Collazos, alias “Castor”, y Ober Ricardo Martínez, alias “Negro Ober”. El plan inicial contemplaba el movimiento de alrededor de 16 a 20 personas hacia centros como la Cárcel de Mediana Seguridad El Bosque, en Barranquilla.
Para los gremios empresariales, el freno resulta una señal de cautela. Voceros como el presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla habían expresado reparos por los riesgos que implicaría para la ciudad la llegada de estos internos.
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