Barranquilla, D.E.I.P. - El exsecretario de Cancillería, José Antonio Salazar, ha respondido a las acusaciones en su contra, defendiéndose de las afirmaciones sobre la adjudicación del contrato a Thomas Greg para el caso de los pasaportes. Salazar enfiló baterías contra Luis Gilberto Murillo, argumentando que este último no puede ser funcionario público por haber sido condenado en el pasado. Murillo, por su parte, ha presentado un certificado de antecedentes de la Procuraduría en el que no aparecen sanciones vigentes, contradiciendo las afirmaciones de Salazar.
La condena a Murillo se remonta a 1997, cuando fue apartado de su cargo como gobernador del departamento del Chocó en 2013. El Tribunal Superior de Quibdó lo sentenció el 29 de agosto de ese año a seis meses de prisión por el delito de peculado por destinación diferente. Esta condena se debió a desviar fondos del Estado a un destino distinto al definido en el presupuesto. Además, durante su mandato como director de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Departamento del Chocó (Codechocó) en 1994, Murillo invirtió cinco millones de pesos destinados al saneamiento minero en la reparación del techo de una escuela en Andagoya.
A pesar de estas circunstancias, Murillo fue elegido como gobernador de Chocó, pero su elección fue objeto de una demanda. Aunque inicialmente tanto el Consejo Nacional Electoral como el Ministerio Público lo habían considerado apto para el cargo, finalmente la justicia determinó lo contrario. La pena impuesta a Murillo incluyó seis meses de prisión, interdicción de derechos y funciones públicas por un año, y una multa de mil pesos.
Salazar, en su defensa, hizo referencia al artículo 122 de la Constitución, que prohíbe que una persona condenada en cualquier momento ocupe un cargo público. Sin embargo, Murillo ha presentado un certificado de antecedentes de la Procuraduría en el que no aparecen sanciones vigentes, lo que contradice las afirmaciones de Salazar.
Este intercambio de acusaciones y defensas entre los dos exfuncionarios ha generado controversia y plantea preguntas sobre la idoneidad de los servidores públicos y la integridad en la gestión de recursos estatales. La situación sigue en desarrollo, y será importante seguir de cerca cómo se desarrollan los acontecimientos y qué repercusiones tienen en el ámbito político y judicial.
