Colombia – Noticias Caracol reveló un nuevo escándalo que expone la posible infiltración de las disidencias de alias “Calarcá” en el Ejército Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), además de indicios de vínculos con la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
Los documentos que sustentan la denuncia fueron obtenidos durante un retén militar rutinario de la Cuarta Brigada del Ejército en la vía Medellín-Anorí, sector Porcecito, corregimiento de Porce, municipio de Santo Domingo, Antioquia. Este operativo de control de vehículos, estratégico para combatir el narcotráfico y la movilidad de grupos armados, se realizó en el marco de la política de “Paz Total”, que limitaba acciones militares contra ciertas disidencias.
Entre los hallazgos se incluyen chats, correos electrónicos, fotos y documentos que evidencian acceso a información militar sensible. Los archivos señalan que las disidencias lideradas por alias Calarcá habrían obtenido códigos de frecuencias radiales del Ejército, rutas de desplazamiento y procedimientos internos que facilitaron la movilidad de guerrilleros dentro de estructuras oficiales.
Alias Calarcá, líder del Bloque Jorge Briceño de las disidencias de las FARC-EP, aparece en los archivos con acceso a información sensible del Ejército y de la inteligencia estatal. Entre los hallazgos se incluyen códigos de frecuencias radiales, rutas de movimientos de tropas y logística de transporte, lo que evidencia un posible aprovechamiento de su estatus de “gestor de paz” para moverse sin ser interceptado.
Los documentos muestran la participación de Wilmar Mejía, apodado “el Chulo”, alto funcionario de la DNI, señalado como puente entre las disidencias y el Estado, facilitando la movilidad de guerrilleros y la transmisión de información sensible. También aparece el general (r) Juan Miguel Huertas, director del Comando de Personal del Ejército, por mensajes donde coordina la logística y propone empresas de seguridad para la legalización de armas, indicando un posible aprovechamiento de su cercanía presidencial para garantizar impunidad.
La Fiscalía General tuvo acceso a estos archivos desde la incautación en julio de 2024, pero no ha actuado hasta su publicación por Noticias Caracol el 23 de noviembre de 2025. Esto evidencia una inacción que ha generado cuestionamientos sobre la supervisión de funcionarios de alto rango y la gestión de información clasificada.
Contexto del operativo y hallazgos
Durante el retén militar se incautaron dispositivos electrónicos y documentos de alias Calarcá, así como armas de fuego, efectivo y joyas, que generaron cuestionamientos sobre el uso indebido de recursos estatales. Entre los detenidos figuraban otros cabecillas disidentes y un adolescente reclutado forzosamente, todos bajo la protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP). No se tomaron acciones legales contra los adultos involucrados debido a la resolución 00398 de 2024 de la Fiscalía, que suspende órdenes de captura para “gestores de paz”.
Los documentos filtrados muestran que alias Calarcá y sus colaboradores mantenían comunicaciones que podrían vincularlos indirectamente con la campaña presidencial de 2022, aunque no se detalla evidencia de financiación directa. La filtración evidencia un problema de control institucional y supervisión sobre gestores de paz y personas bajo protección del Estado.
Hasta el 24 de noviembre de 2025, no se han reportado pronunciamientos oficiales del presidente Gustavo Petro sobre las filtraciones. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha ordenado investigaciones internas y ha solicitado celeridad a la Fiscalía, que mantiene silencio sobre la inacción de los últimos 16 meses.
El caso tiene alcance nacional, afectando la percepción de seguridad en Antioquia, Catatumbo y Guaviare, donde operan las disidencias de alias Calarcá. Las autoridades regionales deberán evaluar posibles impactos en el control territorial y la coordinación de operaciones militares.
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Consecuencias e implicaciones
El escándalo expone la vulnerabilidad del sistema de inteligencia y la capacidad limitada del Estado para garantizar la seguridad de información clasificada. La filtración a medios de comunicación nacionales pone presión sobre la Fiscalía y el Ejército para asumir responsabilidades, y genera incertidumbre sobre posibles repercusiones legales y políticas.
Expertos señalan que la situación podría afectar la confianza en la administración de la paz y recalcan la necesidad de fortalecer controles internos y supervisión de gestores de paz y funcionarios con acceso a información sensible. Además, la conexión con presuntos acuerdos electorales y la filtración de información plantean interrogantes sobre la transparencia e integridad de los procesos políticos recientes.
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