Colombia - El presidente Gustavo Petro afirmó en consejo de ministros que existió un presunto plan para poner sustancias psicoactivas en su vehículo oficial, con el propósito según dijo de afectar una reunión internacional con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Durante su intervención, el mandatario señaló que la supuesta orden habría sido impartida a un alto oficial de la Policía Nacional y anunció el retiro del general al que hizo referencia, sin mencionar su nombre de manera explícita.
En su declaración, el jefe de Estado aseguró que la intención era "destruir la reunión con Trump, de alguna manera u otra", aludiendo a un escenario que, de haberse concretado, habría tenido implicaciones diplomáticas y políticas. El mandatario presentó el señalamiento como parte de una serie de situaciones que, según afirmó, han puesto en riesgo su seguridad y el normal desarrollo de su agenda oficial.
Petro sostuvo que la instrucción de plantar sustancias en el vehículo no fue un hecho aislado, sino un intento deliberado que habría tenido efectos tanto judiciales como internacionales. La acusación fue realizada en el marco de una sesión oficial de gobierno, lo que elevó el tono institucional del pronunciamiento.
Aunque en su intervención no mencionó nombres propios, posteriormente distintos reportes periodísticos identificaron al oficial retirado como el brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza. Hasta el momento no se ha conocido una comunicación pública directa del oficial en respuesta específica a la declaración del presidente en el consejo de ministros.
Urrego Pedraza ha ocupado cargos de alta responsabilidad dentro de la institución policial. Entre ellos, la comandancia de la Policía Metropolitana de Barranquilla, así como otras posiciones operativas en diferentes regiones del país. Su trayectoria ha estado ligada a labores de seguridad urbana, coordinación de operativos y dirección de unidades especializadas.
Durante su paso por Barranquilla, el oficial estuvo al frente de la unidad metropolitana cuando se ejecutó el allanamiento a la vivienda del entonces funcionario Armando Benedetti, diligencia ordenada por la Corte Suprema de Justicia. En su declaración reciente, el presidente no hizo referencia a ese episodio al anunciar el retiro del general.
Hasta ahora no existe un pronunciamiento oficial que establezca relación entre ese antecedente y la decisión anunciada en el consejo de ministros. Tampoco se han conocido decisiones judiciales o disciplinarias derivadas de la denuncia formulada por el mandatario sobre el supuesto plan para poner drogas en su vehículo.
El señalamiento presidencial se produce en un contexto de tensión institucional y alta exposición pública. Las afirmaciones del jefe de Estado introducen un elemento sensible dentro de la estructura de seguridad, al sugerir que un alto oficial habría recibido una orden para ejecutar una acción que podría configurar un delito.
En términos institucionales, el anuncio del retiro implica una decisión administrativa dentro de la Policía Nacional. Sin embargo, la gravedad de la acusación abre interrogantes sobre eventuales investigaciones internas o actuaciones de los organismos de control, las cuales hasta el momento no han sido formalmente informadas.
La reunión con el presidente estadounidense fue presentada por Petro como un encuentro estratégico para la agenda bilateral. Según lo expresado en el consejo de ministros, cualquier incidente relacionado con sustancias ilícitas en un vehículo oficial habría tenido consecuencias diplomáticas inmediatas.
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El Gobierno no ha detallado si existen pruebas documentales, informes de inteligencia o actuaciones preliminares que respalden la denuncia. Tampoco se ha informado si la Fiscalía General de la Nación o la Procuraduría General de la Nación han iniciado indagaciones al respecto.
En el plano político, la declaración generó reacciones en distintos sectores, aunque el pronunciamiento central se mantuvo en el ámbito institucional. La ausencia de nombres propios durante el consejo de ministros marca una diferencia entre la denuncia pública y la identificación posterior del oficial retirado en reportes periodísticos.
Por ahora, el caso se mantiene en el terreno de la declaración presidencial y la decisión administrativa de retiro. No existen decisiones judiciales conocidas que confirmen o desvirtúen el presunto plan mencionado por el mandatario.
El desarrollo de este episodio dependerá de eventuales actuaciones de los organismos competentes y de la información adicional que pueda surgir desde el Gobierno o desde la institución policial. Mientras tanto, la denuncia hecha en consejo de ministros constituye el eje del hecho noticioso y el punto de partida de cualquier análisis posterior.
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