Colombia – El Ministerio de Salud y Protección Social defendió el aumento de impuestos al alcohol, al tabaco y a sus derivados adoptado mediante el Decreto Legislativo 1474 de 2025 como una decisión de salud pública basada en evidencia científica, expedida en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
La cartera de Salud sostuvo que la medida busca reducir de manera significativa el consumo de productos nocivos, prevenir muertes evitables y generar recursos adicionales para financiar la salud, la educación y otros servicios públicos esenciales. Según el ministerio, se trata de una política plenamente constitucional, técnica y sustentada en evidencia científica acumulada a nivel nacional e internacional.
El decreto fue expedido el 29 de diciembre de 2025 y reiterado por el Ministerio de Salud el 17 de enero de 2026 desde Bogotá. En su pronunciamiento, la entidad aseguró que la decisión refleja la prioridad del Gobierno de poner la vida y la salud de la población en el centro de la política pública, en un contexto de emergencia económica.
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Impacto esperado en consumo y salud pública
Las estimaciones técnicas del Ministerio de Salud indican que el aumento de impuestos permitirá una reducción sustancial del consumo de alcohol y tabaco en el país. En el caso del vino, se proyecta una disminución del 20 %, pasando de 31,5 a 25,2 millones de litros. Para las bebidas espirituosas, la reducción estimada es del 16 %, al pasar de 115 a 95 millones de litros.
En cuanto al tabaco, las proyecciones señalan una caída del consumo de cigarrillos de 409 a 244 millones de cajetillas de 20 unidades. De manera paralela, el consumo de vapeadores se reduciría de 134 a 67 millones de mililitros. De acuerdo con el ministerio, estos descensos tendrían efectos directos en la prevención de enfermedades, violencias y muertes evitables asociadas al consumo de estos productos.
El Ministerio de Salud enfatizó que los impuestos al alcohol, al tabaco y a sus derivados, sucedáneos e imitadores, constituyen una de las herramientas más costo-efectivas disponibles para los Estados al momento de reducir los efectos nocivos asociados a estos consumos. La entidad señaló que estas medidas no son improvisadas ni coyunturales, sino el resultado de años de investigación, análisis comparado y seguimiento de mejores prácticas internacionales.
Un componente central de la medida es la protección de niños, niñas y adolescentes. Los datos técnicos recopilados por el ministerio indican que cerca de 500 mil escolares en Colombia son usuarios de cigarrillos electrónicos, lo que representa una amenaza directa y creciente para la salud pública. En ese contexto, el fortalecimiento del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado, así como la incorporación de dispositivos electrónicos de administración de nicotina, busca reducir la probabilidad de inicio y continuidad en el consumo.
La cartera también recordó que Colombia enfrenta un rezago significativo frente a otros países de la región de las Américas en materia de precios de cigarrillos. El país se ubica entre los cinco con los precios más bajos, con marcas que se comercializan por debajo de dos dólares internacionales, frente a un promedio regional de 5,1 dólares. Esta baja tributación, según el ministerio, ha incrementado la asequibilidad del producto, especialmente entre menores de edad.
En el caso del alcohol, el Ministerio de Salud señaló que su consumo no aporta valor nutricional y constituye el principal factor de riesgo de muerte entre personas de 15 a 49 años. Solo en 2019, cerca de 400 niñas, niños y adolescentes murieron en Colombia por causas atribuibles al alcohol. Aumentar los precios mediante impuestos saludables, indicó la entidad, contribuye a prevenir el consumo en menores, reducir el consumo intensivo y disminuir enfermedades, lesiones y muertes asociadas.
Además del impacto sanitario, el ministerio subrayó los efectos fiscales de la medida. Los impuestos saludables generan una doble ganancia en términos de política pública: por un lado, modifican el comportamiento del consumidor; por otro, fortalecen el recaudo fiscal necesario para financiar programas de salud, educación y otros servicios públicos, así como para atender la emergencia económica.
Frente a las críticas de algunas autoridades territoriales, el Ministerio de Salud aclaró que la medida no pone en riesgo la autonomía territorial ni la destinación histórica de los recaudos departamentales. Según lo establecido en el decreto y en reformas previas, únicamente los ingresos adicionales generados por el aumento de las tarifas se destinan al Presupuesto General de la Nación, sin afectar los recursos ordinarios de los departamentos.
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La entidad también rechazó la narrativa que asocia el aumento de impuestos con un incremento del comercio ilícito. Citó estudios independientes que concluyen que los impuestos no son el factor determinante del contrabando y que esta relación ha sido promovida históricamente por las industrias del tabaco y del alcohol como una estrategia de interferencia en la política pública.
Esta defensa del Ministerio de Salud se conoce un día después de que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales respaldara las medidas fiscales adoptadas en el mismo decreto, argumentando su legalidad y necesidad en el marco de la emergencia económica.
Finalmente, el Ministerio de Salud reiteró que los impuestos saludables reducen el consumo de productos dañinos, previenen el inicio del consumo en jóvenes, disminuyen la carga de enfermedad y las muertes evitables, y generan recursos indispensables para sostener los servicios públicos. En un escenario de emergencia económica, señaló la entidad, estas decisiones son necesarias y responden a obligaciones constitucionales del Estado.
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