Una crisis que, lejos de ser un asunto administrativo interno, refleja la manera en que ciertos sectores del poder regional e incluso nacional, siguen creyendo que las instituciones de educación pública son botines, extensiones o vitrinas para sus propios intereses.
La posesión de Barrios rodeada de cuestionamientos, de investigaciones por presuntas irregularidades en certificados laborales provenientes de instituciones como la Universidad de Salamanca y la Corporación Universitaria Americana, y del notorio rechazo expresado por los estamentos universitarios; no debería entenderse como un episodio aislado, sino como un síntoma de una enfermedad más profunda: la captura política de la vida académica.
Porque la pregunta de fondo no es solo si Barrios cumplía o no los requisitos. La pregunta es por qué un aspirante con tan baja acogida entre la comunidad universitaria terminó sentado en el despacho principal del Claustro. Y la respuesta, según múltiples voces críticas, apunta a un entramado de poder con nombres propios: estructuras políticas tradicionales y poderosas de Barranquilla. Un respaldo que habría pesado más que la voluntad de estudiantes, docentes y trabajadores; un apoyo que hoy parece evaporarse ante la creciente demostración de la presunta comisión de delitos y el inevitable costo político que eso conlleva, lo que ya ha sido sufrido por esas estructuras políticas.
Incluso el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, cuyo voto fue determinante en el Consejo Superior, ahora intenta desmarcarse de la tormenta que ayudó a desencadenar. “Lavarse las manos” es fácil cuando el fuego sube, pero la comunidad universitaria no olvida quién encendió la chispa.
La Universidad del Atlántico no puede ser administrada como una dependencia más de un proyecto político regional. Ni puede ser tratada como ficha de cambio o plataforma de proyección de intereses ajenos a lo académico. La autonomía no es solo una cláusula constitucional, es la base moral que sostiene la libertad de pensamiento, la investigación, la crítica y el avance social.
Y, sobre todo, la autonomía no solo debe ser, sino parecer. No sirve tener un estatuto independiente si en la práctica la comunidad universitaria se ve relegada mientras poderes externos definen su destino.
A los estudiantes, profesores y trabajadores, les corresponde recordar que la universidad no pertenece al gobernador ni a ningún clan. La universidad es de ellos, y solo de ellos. Allí radica la verdadera soberanía académica.
Es hora de pedirle con la dignidad que exige la educación pública a la clase política de izquierda, centro o derecha, que deje de meter la mano en la vida de la Universidad del Atlántico. Que entienda que no todo se negocia ni se transa. Que algunos espacios deben permanecer sagrados para que la democracia no se convierta en simulacro. Las universidades públicas son uno de esos lugares. Si la política renuncia a intervenir en ellas, si las respeta de verdad, dejaremos de parchar huecos de legitimidad y podremos construir una sociedad donde el mérito, la transparencia y la crítica tengan futuro.
Hay algo profundamente simbólico en lo que vive hoy Leyton Barrios. La escena parece extraída de la letra inmortalizada por el Conjunto Clásico en Sin rumbo alguno:
“Y nunca intentes subir… donde no puedes subir…”
Ciegas ambiciones, el afán de poder, la avaricia y/o la envidia que muchos señalan, parecen haber nublado la prudencia que debe acompañar a quien aspira a dirigir una institución académica. Y para completar el cuadro, el refranero popular lo describe mejor que cualquier analista:
Barrios, quien ostentaba el honroso cargo de secretario de educación departamental, dejó el queso que tenía en la boca por lanzarse a morder la luna reflejada en el agua. Le pareció una presa más grande… y terminó, como el viejo cuento, con el agua al cuello y las manos vacías.
Hoy, el proyecto que pretendía consolidar poder en la universidad se tambalea y sin duda caerá, y Barrios, aparentemente abandonado por quienes lo impulsaron, enfrentar las consecuencias de haber intentado escalar una cumbre sin el respaldo natural y a costa de cualquier cosa, de quienes realmente importan, los estamentos universitarios.
La Universidad del Atlántico merece algo mejor, merece una rectoría que nazca del voto, del consenso, del mérito y de la legitimidad moral.
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