Barranquilla – El exsenador Álvaro Ashton destapó una de las confesiones más explosivas de los últimos años ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En su audiencia de aporte a la verdad plena, Ashton señaló directamente a figuras centrales de la política y el empresariado del Atlántico y la Costa Caribe, describiendo cómo pactaron con paramilitares del Bloque Norte de las AUC para manipular elecciones, desviar recursos públicos y cooptar instituciones.
El nombre que más resonó en la sala fue el del actual ministro del Interior, Armando Alberto Benedetti Villaneda. Ashton lo señaló como uno de los principales promotores de artículos de la Ley 975 de 2005 que abrieron la puerta a beneficios judiciales y de alternatividad penal para jefes paramilitares. "Era una de las personas que mayor promoción hacía de la aprobación de artículos y de apelación de artículos que habían sido negados y que eran fundamentales para las AUC", afirmó el compareciente, en referencia a disposiciones clave sobre sedición y alternativas judiciales. La relevancia de estas declaraciones se amplifica considerando que Benedetti hoy ocupa un cargo estratégico en el gobierno nacional, lo que convierte esta confesión en un episodio de alcance político nacional.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, que decidió mantener el sometimiento de Ashton, ordenó enviar copias de sus declaraciones a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación para evaluar si existen méritos para abrir investigaciones penales contra los dirigentes mencionados. Lo que quedó sobre la mesa no son simples sospechas, sino una red de alianzas políticas y económicas que atravesó la vida pública del Caribe.
Red política y económica
En su declaración, Ashton mencionó al senador conservador Efraín José Cepeda Sarabia, a quien atribuyó acuerdos electorales indirectos con sectores apoyados por paramilitares, especialmente en redistribución de votos en Barranquilla y Soledad. Señaló también al exsenador David Char Navas, beneficiario de apoyos económicos y políticos provenientes de estructuras ilegales.
El exsenador sostuvo que junto a Mario Enrique Varón Olarte, Jaime Cervantes Várelo, Jorge Alberto Gerlein Echeverría y él mismo, avalaron partidas del presupuesto nacional que terminaron en proyectos del Frente José Pablo Díaz de las AUC. “Todos ellos, incluyéndome a mí, apoyábamos a que del presupuesto nacional sacaran las partidas para financiar esos proyectos. Eso es muy importante porque con esos recursos se nutrían ellos para seguir delinquiendo en los otros municipios”, dijo Ashton.
Entre los dirigentes locales, Ashton señaló al exalcalde de Barranquilla Guillermo Hoenigsberg Bornacelly y a su jefe de planeación José Pérez Orozco, quienes habrían facilitado proyectos con recursos públicos bajo influencia de estructuras armadas. También mencionó a la exalcaldesa de Soledad Rosa Stella Ibáñez y su secretario de Educación Alfredo Noya Zabaleta, acusados de participar en desvío de recursos.
Ashton no limitó sus señalamientos a políticos. Aseguró que el empresario David Name Terán, dueño de la firma Condesa, sirvió como facilitador de contratos y apoyo económico para las AUC. Nombró además al contratista Javier Haddad, a los empresarios Julio Gerlein Echeverría, Edgardo Navarro Vives y Edgardo Osorio Vargas, todos ellos vinculados como financiadores del Bloque Norte.
Otros nombres resaltados fueron Juan García Estrada, quien fungió como alcalde encargado de Barranquilla, y Roberto Castillejo, asesor de Cormagdalena, señalado por Ashton como “asesor de las AUC en el tema ambiental”. En el Magdalena, incluyó al exgobernador Trino Luna Correa y a Neyla Alfredina Soto Ruiz, ‘La Sombrerona’, quienes habrían establecido acuerdos políticos con paramilitares.
Instituciones cooptadas
Los testimonios apuntan a una estrategia de control institucional. Según Ashton, la Universidad del Atlántico, el Hospital Materno Infantil de Soledad y la empresa Triple A fueron utilizadas para asegurar contratos, posiciones de poder y legitimidad social. “Hoy la Universidad del Atlántico está padeciendo esas consecuencias gravísimas que generó la complicidad que tuvimos con esas organizaciones al margen de la ley”, declaró.
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También señaló la infiltración en el Gaula Militar, mencionando al mayor Jesús Orlando Barón como uno de los funcionarios relacionados. A su vez, describió cómo la parapolítica se consolidó con reformas como la de 2003, que permitió la división de partidos y dio origen a colectividades como Colombia Viva, Alas Equipo Colombia y Colombia Democrática, utilizadas, según él, para fortalecer la agenda de las autodefensas.
Ashton incluso vinculó a miembros de la masonería de Barranquilla, asegurando que la logia funcionó como escenario de encuentro entre políticos, empresarios y emisarios del Bloque Norte. “La masonería servía como escenario de influencia social y de legitimación pública para materializar pactos de poder y cooperación electoral”, relató.
La JEP valoró la confesión de Ashton como un aporte sustancial para esclarecer la relación entre política, economía y paramilitarismo en el Caribe. La subsala reconoció su responsabilidad política y moral, así como su compromiso de participar en proyectos de reparación colectiva en Atlántico y Magdalena.
En paralelo, la decisión de remitir copias a la Corte Suprema y a la Fiscalía abre un nuevo capítulo judicial. El futuro de varios dirigentes, algunos aún activos en la vida pública, podría quedar bajo la lupa de la justicia ordinaria.
El testimonio completo será divulgado en los próximos días en los canales oficiales de la JEP, una vez se levante la reserva de la audiencia celebrada el 20 y 21 de febrero de 2025. Con ello, las revelaciones de Ashton podrían desencadenar un reacomodo político en la Costa Caribe.
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