Barranquilla – Air-e, la empresa que suministra energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira, llega a agosto de 2025 sin tener garantizada la compra de energía para cubrir la demanda de su mercado en 2026. A pesar de estar intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios desde septiembre del año pasado, la compañía sigue enfrentando una crítica situación financiera que amenaza la estabilidad del servicio en toda la región Caribe.
La alerta fue emitida tras las reuniones sostenidas esta semana en Barranquilla entre la Superservicios y el agente especial interventor, Nelson Javier Vásquez, en las que se revisó la hoja de ruta empresarial. El objetivo inmediato es evitar un desabastecimiento en menos de 18 meses, mientras se presiona por soluciones concretas que eviten un colapso estructural.
"Air-e no tiene asegurada la energía que necesita para 2026. Y no estamos hablando de un escenario hipotético. Es un riesgo real", advirtió una fuente del equipo de intervención en condición de anonimato.
El problema de fondo es la deuda billonaria que arrastra la compañía con los generadores, producto de una liquidez deteriorada incluso antes de la intervención. Esa carga económica ha limitado su capacidad de negociación en el mercado de contratos a futuro.
Para contener la exposición a la volatilidad del mercado spot (o bolsa de energía), la Superservicios propuso reactivar la resolución 101 067 de 2024. Este mecanismo permite a Air-e adquirir de forma directa hasta el 82 % de la energía que requiere, dejando solo un 18 % a merced del precio de bolsa.
Esa proporción es clave para evitar tarifazos. En septiembre de 2024, la exposición de Air-e superó el 50 %, lo que se tradujo en aumentos significativos en la factura de los usuarios.
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"La idea es cerrar contratos de largo plazo, con mejores condiciones y sin depender del vaivén del mercado", explicó el agente Vásquez tras la mesa técnica celebrada el lunes.
Pero los desafíos no se limitan a lo financiero. La Superservicios también exige una ejecución urgente del plan de inversión en infraestructura: mantenimiento, refuerzo y ampliación de redes, incluyendo obras en el Sistema de Transmisión Regional.
El rezago en estas tareas compromete la calidad del servicio y deja vulnerables a municipios enteros ante fallas o picos de demanda.
En paralelo, se activaron compromisos adicionales con el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), para el desarrollo de granjas solares en el Caribe. También se avanzó en la reactivación de los Proyectos de Normalización de Redes Eléctricas (Prone).
Ambas iniciativas buscan una transición energética que no solo diversifique la matriz, sino que garantice seguridad en el suministro.
Desde el gremio de generadores térmicos, la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), se ha advertido que la salida de fuentes convencionales como las plantas térmicas podría ser contraproducente. Según la entidad, estas jugaron un papel clave durante la sequía pasada, cuando las hidroeléctricas no pudieron responder.
"La transición no puede ser excluyente. Aún necesitamos respaldo térmico para garantizar el servicio", dijo un vocero de Andeg citado por medios nacionales.
Otro punto de presión tiene que ver con la gestión interna de Air-e. La Superservicios ha solicitado fortalecer los procesos de contratación, con mecanismos más transparentes y trazables. También exigió una reestructuración de los flujos financieros y operativos.
Actualmente, la compañía opera bajo la supervisión del agente interventor Vásquez, el tercero en asumir ese rol desde que la intervención fue oficializada. Los dos anteriores no lograron estabilizar la situación.
Las medidas no se quedan en lo técnico o financiero. El plan también contempla el fortalecimiento del trabajo comunitario. Se busca articular esfuerzos con usuarios organizados, suscriptores colectivos y organizaciones sindicales para mejorar la gestión territorial del servicio.
"No se puede hablar de transformación sin escuchar a las comunidades. Ellos son quienes padecen los cortes, las alzas y los retrasos en el mantenimiento", agregó un funcionario de la Superservicios.
A nivel estructural, otro factor de presión es el retraso del Gobierno nacional en el giro de subsidios. Esta situación compromete la sostenibilidad de varias empresas del sector, incluyendo Air-e, al limitar su liquidez y capacidad de inversión.
En resumen, el plan acordado entre la Superservicios y el equipo de intervención busca:
- Asegurar el suministro energético para 2026.
- Ejecutar obras urgentes en infraestructura.
- Avanzar en energías renovables (granjas solares y Prone).
- Transparentar procesos internos de contratación.
- Integrar a las comunidades en la transformación del servicio.
El panorama a corto plazo sigue siendo complejo. Aunque el plan existe, su ejecución está supeditada a factores financieros, institucionales y operativos que deben alinearse en los próximos meses.
Air-e se juega su futuro en un tablero que incluye confianza institucional, capacidad de inversión y presión social. Lo que está en riesgo no es solo la sostenibilidad de una empresa, sino el acceso estable y asequible a un servicio vital para millones de personas en la región Caribe.
