Barranquilla – Las tarifas de energía en la región Caribe bajan por primera vez en varios meses, pero el excongresista César Lorduy advierte que los ciudadanos no deben cantar victoria. Aunque el alivio llega en las facturas de octubre, los factores estructurales que mantienen elevados los costos siguen sin resolverse.
“Celebro la disminución de tarifas, pero hacen falta esfuerzos reales para lograr una reducción sostenida”, dijo Lorduy en entrevista con RedPrensa, al analizar las causas detrás de la reciente baja anunciada por la empresa Air-e. El abogado y exrepresentante por Atlántico explicó que varios elementos coyunturales se alinearon para dar este respiro, pero ninguno de ellos garantiza estabilidad a largo plazo.
Factores coyunturales que explican la baja
El primer elemento que incide en la reducción de tarifas es la terminación del régimen especial que permitía a las distribuidoras, como Air-e y Afinia, trasladar a los usuarios las pérdidas no técnicas, es decir, el costo asociado al hurto o fraude de energía. “Eso no requirió ningún esfuerzo. Fue simplemente el fin de una autorización legal”, señaló Lorduy.
El segundo factor tiene que ver con el ajuste del cargo de comercialización, un componente tarifario que refleja los costos administrativos de las empresas para gestionar el servicio. En este punto, el analista reconoció que hubo una intervención técnica que ayudó a reducir parte del valor, aunque consideró que el alivio es temporal.
El tercer elemento es la ampliación del plazo de la opción tarifaria, mecanismo que permite diferir aumentos en la tarifa para evitar incrementos abruptos. Este instrumento, que estaba a punto de vencerse, fue prorrogado, lo que contribuyó a suavizar el impacto en los hogares. Sin embargo, Lorduy recalcó que se trata de una medida paliativa. “Solo se difirió una obligación que el Gobierno Nacional se había comprometido a cubrir y no cumplió”, apuntó.
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Finalmente, la baja en los precios de la energía en bolsa también incide. Con los embalses del país en niveles cercanos al 80%, el costo de generación disminuyó y las empresas que compran energía en el mercado spot pagan menos. “Ahí también se refleja una baja natural, pero temporal”, aclaró.
El verdadero problema: la indexación de los costos
El eje central del análisis de Lorduy apunta a la metodología de cómputo de los costos de energía en Colombia. Actualmente, la mayoría de los componentes tarifarios se indexan al Índice de Precios al Productor (IPP), indicador que mide la variación de los precios de los bienes a nivel de productor, no de consumidor final.
“La generación, la transmisión y la distribución de energía se actualizan con base en el IPP, no en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esto genera un desfase porque el IPP ha crecido más rápido que el IPC en los últimos años”, explicó. Según cifras del DANE, el IPP acumuló un aumento del 16,1% entre 2022 y 2023, mientras que el IPC solo subío 9,8%. Ese diferencial, en palabras de Lorduy, “se traslada directamente a las facturas”.
El excongresista sugiere que una revisión del esquema de indexación podría ser clave para lograr tarifas más justas. “Si las tarifas se ajustaran con el IPC, los usuarios pagarían un costo más acorde con la realidad de sus bolsillos”, argumentó. Esta propuesta coincide con planteamientos de algunos gremios de usuarios y expertos del sector eléctrico que piden una revisión del marco regulatorio vigente.
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Lorduy también cuestionó el papel de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, entidad encargada de la vigilancia del sector. En su opinión, la reducción actual no es resultado directo de la gestión del organismo ni de políticas estructurales. “Las tarifas bajaron porque la ley cambió, no porque la Superintendencia haya hecho algo distinto”, dijo.
El excongresista recordó que la región Caribe ha soportado durante años una de las tarifas más altas del país, con niveles que llegaron a superar en 30% el promedio nacional. Este diferencial, que ha afectado la competitividad y el consumo, sigue siendo una carga para los hogares y las empresas locales.
En el plano social, Lorduy subrayó el impacto directo de las tarifas sobre los hogares del Caribe. “Muchos ciudadanos están en la disyuntiva de comer o pagar la luz”, dijo, reflejando la presión que las facturas representan sobre las economías familiares. Esta realidad también ha sido documentada por la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General, que han alertado sobre la relación entre los costos energéticos y el aumento de la pobreza monetaria en la región.
De acuerdo con datos del DANE, el Atlántico registró un incremento del 3,2% en el valor promedio de los servicios públicos durante el primer semestre del año, pese a las medidas de alivio. En departamentos como La Guajira y Magdalena, la proporción del gasto del hogar destinado al pago de energía supera el 14%, el doble del promedio nacional.
Hacia una reforma del modelo tarifario
El debate sobre las tarifas de energía no es nuevo. Desde la llegada de Air-e y Afinia en 2020, el Gobierno ha intentado equilibrar la sostenibilidad financiera de las empresas con la capacidad de pago de los usuarios. Sin embargo, los resultados han sido dispares. Mientras que las inversiones en redes han mejorado la continuidad del servicio, los costos asociados a la operación y la pérdida técnica siguen afectando el precio final.
Expertos consultados por RedPrensa coinciden en que la clave está en una reforma regulatoria que incorpore indicadores de eficiencia, mecanismos de subsidio focalizado y una revisión integral de la metodología de indexación. También plantean fortalecer la generación local en la Costa, mediante proyectos solares y de energías limpias, para reducir la dependencia del mercado mayorista.
Lorduy respalda la idea de una reforma de fondo. “La transición energética debe servir no solo para proteger el ambiente, sino también para que las tarifas sean justas. No puede haber sostenibilidad ambiental sin sostenibilidad social”, afirmó.
El mensaje final del analista es claro: las reducciones actuales son un paso positivo, pero insuficiente. Sin cambios en la estructura tarifaria y en los indicadores de indexación, el Caribe colombiano seguirá pagando la energía más cara del país.
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