Colombia - Las más recientes revelaciones de la Fiscalía General de la Nación apuntan a una posible red de corrupción al interior de la Alcaldía de Soledad, Atlántico, en el marco de una investigación por el presunto despojo ilegal de tierras. Conversaciones interceptadas por las autoridades involucran al secretario de Gobierno, Carlos Valencia, en presuntos pagos ilícitos que buscaban facilitar trámites administrativos para apropiarse de predios.
Durante una audiencia virtual, la Fiscalía presentó como prueba una interceptación realizada el 19 de febrero de 2025. En el audio, dos hombres conversan sobre el pago de quince millones de pesos que supuestamente se entregarían al secretario de Gobierno a cambio de su aprobación en trámites relacionados con terrenos. "¿Por qué se tiene que entregar plata a gente de la Alcaldía si todos los papeles están en regla?", se escucha decir a uno de los interlocutores.
La investigación señala además el uso indebido de recursos del Estado. Según los fiscales, varios implicados se movilizaban en vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP), algunos de ellos armados, mientras realizaban reuniones en centros comerciales de Barranquilla y Soledad. Estos encuentros habrían servido para coordinar entregas de dinero y afinar detalles sobre la adjudicación irregular de terrenos.
Uno de los nombres señalados por los investigadores es Andrés Rafael Diazgranados, asesor jurídico de la Secretaría de Gobierno de Soledad. Según el expediente, este funcionario habría recibido pagos para garantizar que no se interpusieran objeciones internas a los trámites, los cuales terminaban beneficiando a presuntos poseedores irregulares.
Carlos Valencia, actual secretario de Gobierno, negó cualquier implicación. "Yo jamás he actuado de manera ilegal. Pueden verificar y encontrarán que mi hoja de vida es intachable y que nunca he estado involucrado en asuntos delictivos", expresó Valencia, aclarando que no ha sido vinculado formalmente al proceso hasta el momento.
Pese a estas declaraciones, fuentes cercanas al caso indicaron a Redprensa que no se descarta su vinculación en fases posteriores, 
conforme avance el análisis de pruebas como las interceptaciones y otros elementos en poder del ente acusador.
El origen del proceso se remonta a la captura de 17 personas por parte del Grupo Anticorrupción de la Dijín, con el acompañamiento de una fiscal especializada de Bogotá D.C. Entre los detenidos hay funcionarios de oficinas de registro de instrumentos públicos, inspectores de policía, notarios, abogados y tramitadores. La Fiscalía ha insistido en que esta red operaba de forma sistemática para legitimar el traspaso fraudulento de propiedades.
El próximo lunes 12 de mayo a las 8:00 a.m. continuará la audiencia, en la que se escuchará a los representantes de las víctimas. La Fiscalía anticipó que en esa diligencia podrían surgir nuevas revelaciones sobre esta red que afecta directamente la seguridad jurídica de la propiedad en la región Caribe.
