Colombia – El primer juicio penal contra un expresidente colombiano llega hoy a su momento crucial. A las 8:30 a. m., la jueza Sandra Liliana Heredia tiene previsto iniciar audiencia donde se leera el sentido del fallo en el caso contra Álvaro Uribe Vélez, acusado de fraude procesal, soborno y soborno en actuación penal. El proceso, que ha sacudido al país durante más de un lustro, enfrenta su resolución en medio de expectativas divididas y tensiones políticas.
El fallo determinará si Uribe es culpable o inocente. En caso de condena, se programará una segunda audiencia para establecer la sentencia exacta. Si es absuelto, el caso se cerraría en esta instancia.↙️
La audiencia se realizará en los juzgados de Paloquemao, en Bogotá, y se espera cobertura mediática masiva. Diversos sectores sociales y políticos han convocado concentraciones pacíficas tanto en apoyo como en rechazo al expresidente. La Policía Metropolitana tiene previsto un dispositivo especial de seguridad para prevenir alteraciones del orden.
“Esperamos un fallo justo, con apego a la prueba y sin presiones externas”, dijo el abogado defensor Jaime Granados en entrevista con Caracol Radio. Por su parte, voceros de la Fiscalía indicaron que “confían en la robustez de las evidencias presentadas en el juicio”.
El caso se remonta a 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por supuestamente buscar testigos falsos para vincularlo con grupos paramilitares. La Corte Suprema, al investigar, concluyó que habría sido el propio Uribe quien intentó influir en testigos como Juan Guillermo Monsalve, un exparamilitar recluido en la cárcel La Picota.
Monsalve se convirtió en testigo clave. Afirmó que emisarios de Uribe le ofrecieron beneficios a cambio de retractarse de sus señalamientos. La defensa ha sostenido que nunca hubo presión directa y que Monsalve es un testigo poco confiable.
La investigación formal comenzó en 2018. Uribe fue llamado a rendir versión libre ante la Corte Suprema, pero en 2020 renunció a su curul en el Senado, lo que permitió que su caso pasara a la justicia ordinaria. En 2024, la Fiscalía lo imputó formalmente por los tres delitos mencionados.
El juicio oral arrancó en febrero de 2025. Se realizaron 67 audiencias en las que declararon testigos, expertos y peritos. El debate giró principalmente en torno a los contactos que el abogado Diego Cadena, exdefensor de Uribe, tuvo con varios exparamilitares. Se analizaron grabaciones, registros de visitas carcelarias y mensajes de texto.
La Fiscalía concluyó que hubo un plan sistemático para manipular testigos y alterar versiones judiciales. Pidió que el expresidente fuera condenado. La defensa alegó que Cadena actuó por cuenta propia y que Uribe nunca dio instrucciones ilegales. La Procuraduría, como tercero interviniente, también solicitó la absolución del exmandatario, al considerar que no se probó el dolo.
“La duda razonable debe favorecer al acusado”, declaró la procuradora delegada María Fernanda Rangel. Para el senador Iván Cepeda, contraparte clave en el proceso, el juicio es “un ejercicio de justicia necesario en una democracia”.
Las reacciones al veredicto podrían generar efectos inmediatos en la escena política. El Centro Democrático, partido fundado por Uribe, ha manifestado respaldo absoluto a su líder. Voces de la oposición advierten que cualquier intento de politizar el fallo comprometería la independencia judicial.
La jueza Sandra Heredia, de trayectoria discreta, fue objeto de varias recusaciones durante el proceso. Ninguna prosperó. Su decisión de no declarar nulo el juicio y avanzar hacia el fallo fue respaldada por el Tribunal Superior de Bogotá.
Si Uribe es condenado, la defensa podrá apelar. La segunda instancia recaería en la Sala Penal del Tribunal Superior. Posteriormente, podría intentarse un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia. La sentencia podría quedar en firme antes de octubre, fecha límite para la prescripción de la acción penal.
En caso de absolución, el proceso penal se cerraría, pero seguiría el debate político sobre el uso de la justicia en escenarios de polarización.
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Algunos analistas consideran que el caso Uribe podría marcar un antes y un después en la relación entre poder y justicia en Colombia. Otros recuerdan que, independientemente del resultado, la presunción de inocencia y el debido proceso deben primar.
“El juicio a Uribe es también un juicio a nuestra institucionalidad”, opinó el columnista Rodrigo Uprimny en El Espectador.
El fallo llega también en un momento clave del calendario político. Faltan menos de nueve meses para el arranque formal de la campaña presidencial de 2026. Una condena podría afectar la capacidad de Uribe para influir directamente en las listas del Congreso y en las alianzas regionales.
Los simpatizantes de Uribe han convocado manifestaciones en varias ciudades. En Medellín y Montería se esperan marchas de respaldo. En contraste, sectores ciudadanos y organizaciones de derechos humanos han convocado a plantones en Bogotá y Cali para exigir independencia judicial.
La Policía Nacional mantiene vigilancia sobre redes sociales ante posibles llamados a desobediencia civil o disturbios. Hasta el momento no se han reportado amenazas concretas contra la jueza Heredia, aunque su esquema de seguridad fue reforzado desde la semana pasada.
Organismos internacionales como Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han seguido el caso. Aunque no se han pronunciado sobre el fondo del proceso, han instado a que el fallo se base exclusivamente en los elementos del juicio oral.
Hoy Colombia estará pendiente de una decisión judicial sin precedentes para su clase política. La resolución de este caso no solo implica a un expresidente, sino que pondrá a prueba la madurez institucional del país.
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