Colombia – El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, advirtió que el no pago oportuno de los subsidios al sector de energía y gas podría generar aumentos tarifarios de hasta el 140 % para los usuarios en Colombia. Esta declaración fue realizada en el marco del Foro Gran Alianza por la defensa de los derechos de la niñez y la juventud, donde el jefe del ente de control fiscal nacional expresó su preocupación por el impacto que esta situación tendría en los hogares más vulnerables del país.
"Me preocupa el tema de caja", dijo el contralor, refiriéndose al incremento de la deuda estatal con las empresas comercializadoras de energía por concepto de subsidios. Rodríguez señaló que aún no ha tenido una reunión con el nuevo ministro de Hacienda, pero sí anunció un próximo encuentro con Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, con el fin de encontrar una salida a esta situación que, según indicó, podría tener repercusiones directas sobre los bolsillos de millones de colombianos.
La advertencia parte de un estudio técnico elaborado por la Contraloría Delegada para el sector de Minas y Energía, el cual concluyó que el actual esquema de subsidios en Colombia ha presentado deficiencias en su otorgamiento, sostenibilidad, mejora de la calidad y ampliación de cobertura. El documento también destaca los riesgos financieros que esto representa para el sistema y para las metas de cobertura de servicios públicos domiciliarios a largo plazo.
“Si no hay pago, los usuarios tendrían que asumir el costo de ello, lo que representaría un incremento tarifario de hasta el 140 %”, reiteró Rodríguez en su diálogo con medios de comunicación. El contralor además aseguró que la Contraloría considera “prioritario fortalecer y ampliar el seguimiento mediante actuaciones de control fiscal”, con el objetivo de identificar focos de corrupción y pérdidas de recursos en los fondos solidarios destinados a subsidiar tarifas.↙️
Este llamado de atención, aunque con alcance nacional, tiene particular resonancia en la región Caribe, que concentra uno de los porcentajes más altos de usuarios subsidiados en el país. Departamentos como La Guajira, Magdalena, Atlántico y Bolívar dependen ampliamente de estos subsidios para sostener el acceso al servicio eléctrico, que en muchos casos representa un alto porcentaje del gasto mensual en los hogares de menores ingresos.
De acuerdo con informes recientes de las empresas operadoras Aire y Afinia, la falta de pago de estos subsidios ha generado un desequilibrio financiero que afecta su capacidad de inversión y sostenibilidad. En zonas como el sur del Atlántico y la región del Cesar, los retrasos en la asignación de subsidios han dificultado la estabilidad operativa, provocando constantes alertas por parte de los gremios energéticos y de los entes territoriales.
En el caso de Aire, empresa que cubre el servicio en departamentos como Atlántico, Magdalena y La Guajira, la cartera del Estado por subsidios no girados asciende a cifras que ya superan los $600.000 millones, según fuentes consultadas por Redprensa. Por su parte, Afinia, que opera en Bolívar, Córdoba y Sucre, ha manifestado públicamente la urgencia de encontrar mecanismos ágiles que garanticen los flujos financieros del esquema de solidaridad.
La preocupación de la Contraloría también se centra en la debilidad de los controles institucionales que hoy recaen sobre el Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. “Resulta especialmente importante debido a la confluencia de múltiples problemas en los controles que actualmente existen en el Ministerio de Minas y en la Superintendencia”, aseguró Rodríguez.
En ese contexto, la Contraloría ha abierto la puerta para activar nuevos ejercicios de vigilancia preventiva y auditorías especiales a los fondos de subsidios, con énfasis en el uso adecuado de los recursos públicos destinados a garantizar el acceso equitativo al servicio energético.
Mientras tanto, las comunidades más dependientes del subsidio siguen pendientes de las decisiones que se adopten en los próximos días desde el Gobierno Nacional. 
La posibilidad de que el costo de la energía se incremente en más del doble en algunas zonas del país, de no resolverse el problema de financiamiento, encendió las alarmas no solo en los entes de control sino también en las regiones.
Rodríguez Becerra concluyó su intervención reiterando que la Contraloría insistirá en generar alertas tempranas frente a cualquier decisión que ponga en riesgo la continuidad del esquema de subsidios, subrayando que el mayor impacto lo recibirían las familias más vulnerables que dependen de este apoyo para acceder a un servicio esencial como la energía.
