Colombia – La Contraloría General de la República prendió las alarmas al revelar que, entre 2021 y 2022, más de 23 billones de pesos en regalías apenas generaron resultados tangibles en las regiones productoras del país.
En total, se aprobaron 5.426 proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR). Sin embargo, solo el 63% de estas iniciativas fueron concluidas a corte de diciembre de 2024.
El informe, titulado “Las paradojas de las regalías en Colombia. La escasez de resultados frente a la abundancia de recursos”, fue realizado por el Grupo Interno de Trabajo para la Vigilancia y Control Fiscal de la Contraloría. Sus hallazgos evidencian una profunda brecha entre la millonaria bonanza minera y petrolera y el escaso desarrollo real en las comunidades.
Un caso que ilustra esta situación es La Jagua de Ibirico, en Cesar. La salida de la empresa minera dejó un panorama de colapso económico, sin diversificación productiva ni desarrollo sostenible para sus habitantes.
La Contraloría advierte que, si no se adoptan cambios estructurales en el SGR, los recursos de regalías seguirán siendo una oportunidad desperdiciada, manteniendo a las regiones en ciclos de pobreza y dependencia.
Aunque las regalías deberían impulsar sectores clave, el transporte fue el mayor receptor con 7 billones de pesos. Según la CGR, esto relegó inversiones prioritarias en salud, educación y ambiente.
Además, se identificaron más de 125 proyectos por 1,1 billones de pesos destinados a alimentación y transporte escolar. Este uso está prohibido, pues las regalías no deben cubrir gastos recurrentes.
El informe subraya que más del 50% de los departamentos concentran sus regalías en infraestructura de transporte sin comprobar si estas inversiones generan desarrollo económico o reducen las necesidades básicas de la población.
Para la Contraloría, la gestión ineficiente y la falta de planeación son determinantes en la baja ejecución. Municipios de categorías 5 y 6, con menor capacidad técnica, son los más afectados por estas falencias.
“Sin estudios de viabilidad, diseños adecuados o seguimiento técnico, muchos proyectos terminan en demoras, sobrecostos o quedan inconclusos”, afirma el estudio.
La autonomía de los entes territoriales en la aprobación y ejecución de proyectos, sin una adecuada coordinación con el Departamento Nacional de Planeación, ha profundizado estas falencias. También se han detectado duplicidades entre el SGR y el Sistema General de Participaciones (SGP), generando sobrecostos innecesarios.
La CGR advierte que esta mala administración fomenta una “pereza fiscal” en los municipios, que dependen casi en exclusiva de las regalías como fuente de financiamiento. Esta situación crea economías rentistas vulnerables a la volatilidad de los mercados internacionales.
Aunque el estudio cubre el bienio 2021-2022, la Contraloría también proyecta un escenario crítico desde 2027. Se prevé una reducción progresiva de regalías debido a la descarbonización global y al agotamiento de reservas de hidrocarburos.
Este panorama afectaría la seguridad energética y la autosuficiencia del país en combustibles, así como la financiación de proyectos sociales en las regiones productoras.
Ante esta situación, la Contraloría recomienda:
• Desarrollar un plan de transición energética claro y con enfoque territorial.
• Incentivar la producción responsable de hidrocarburos mientras se transita ordenadamente.
• Ampliar y mejorar la infraestructura energética para garantizar el abastecimiento, especialmente de gas.
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Carlos Hernán Rodríguez Becerra, contralor general de la República, reiteró que, sin acciones urgentes, el país podría enfrentar un nuevo apagón en los próximos años.
La CGR concluye que, mientras no haya cambios estructurales en la formulación, planeación y ejecución de los proyectos financiados con regalías, el desarrollo regional seguirá siendo una promesa incumplida.
contexto histórico de las regalías en Colombia
El Sistema General de Regalías se originó para redistribuir los recursos generados por la explotación de minerales e hidrocarburos en el país. Desde la Constitución de 1991, se estableció la obligación de las empresas extractivas de pagar regalías como compensación por la explotación de recursos naturales no renovables. Sin embargo, la reforma de 2011 transformó su estructura: se creó el SGR como mecanismo para que los recursos se distribuyeran no solo en los departamentos productores, sino también en las regiones más pobres y apartadas del país.
Antes de la reforma, los departamentos y municipios productores recibían directamente la mayoría de estos recursos. Con el SGR, se busca mayor equidad territorial y desarrollo regional, pero también se incrementaron los controles y requisitos técnicos para la aprobación de proyectos, lo cual, según los críticos, ha generado demoras y baja ejecución.
En su momento, la creación del SGR se justificó para evitar corrupción y concentraciones excesivas de riqueza, pero también trajo nuevos desafíos en planeación, ejecución y resultados tangibles.
