La corrupción en Colombia sigue dando de qué hablar, una vez más un escándalo salpica al Congreso y a una empresa contratista que con los impuestos de los colombianos ha pagado salarios millonarios. Se trata de un presunto robo salarial de 4 mil millones de pesos que han sido entregados a Valeria Uribe, hija de Jhon Jairo Uribe, amigo del senador y presidente del legislativo Roy Barreras a través de la empresa Espejo Público. Estos no solo estarían vinculados con Dicitec, firma que opera el Canal Congreso, sino que participarían de la subcontratación de la mitad del convenio de operación de dicha programadora.
Según la investigación del senador, Dicitec habría contratado con el Senado por 8.000 millones de pesos para operar el canal, pero, al mismo tiempo, dicha empresa habría subcontratado buena parte de los servicios por un monto de 4.000 millones.
Dicho vínculo sería como ya lo mencioné antes con la empresa Espejo Público, donde la única accionista es Valeria Uribe, lo cual llama la atención, ya que, además, en el registro de Cámara de Comercio Valeria sería la dueña única de la empresa con la que contratan parte del convenio de operación del Canal Congreso.
Esto sin contar, que Espejo Público no tiene sede verdadera, pues sus oficinas están vacías. Así mismo el senador anunció irregularidades en 95 contratos de la empresa con funcionarios del Canal Congreso. Es decir, que mientras Dicitec le cobra al Congreso 8,6 millones por el contrato de cada funcionario, Espejo Público le pagaría a cada uno de estos 6,6 millones.
Finalmente, Jota Pe Hernández reiteró la presunta relación con el presidente del Congreso, Roy Barreras, ya que llamó la atención que la página de Facebook de su partido, la Fuerza de la Paz, no tenga un link directo al sitio web de la colectividad, sino al de Espejo Público, la empresa cuestionada.
Este tipo de noticias no sorprenden a nadie, ya que la corrupción parece estar enquistada en todos los niveles del gobierno del “cambio”, de la política nacional y de los empresarios que la rodean. ¿Cómo es posible que se entreguen contratos millonarios a empresas que no tienen experiencia ni capacidad para realizar los proyectos asignados? ¿Por qué el control y la fiscalización de los recursos públicos son tan débiles en Colombia?
Lamentablemente, estas preguntas no tienen una respuesta concreta y la situación no parece mejorar a corto plazo. Mientras la corrupción siga siendo una práctica común en el país, la confianza en las instituciones y en la política seguirá deteriorándose, lo que a su vez tiene un impacto negativo en el desarrollo y bienestar de la sociedad.
Es necesario que haya un compromiso real por parte de las autoridades y de los ciudadanos para combatir la corrupción y fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Esto implica una cultura de integridad y ética en todos los niveles, desde el gobierno hasta la sociedad civil.
Es importante que existan leyes y herramientas efectivas para prevenir y castigar la corrupción, incluyendo la protección de denunciantes y testigos, así como la sanción a los responsables. Además, es necesario fortalecer los sistemas de control y fiscalización de los recursos públicos, garantizando la independencia y eficacia de las entidades encargadas de realizar este trabajo.
