El hasta hoy conocido documento de la reforma ha sido ampliamente criticado, especialmente por sus efectos en contra de las EPS (entidades promotoras de salud), que son proveedores de atención médica en Colombia.
El documento de 180 páginas detalla el plan de la administración para alterar fundamentalmente el sistema de salud en el país, incluyendo otorgar al presidente seis poderes extraordinarios. La reforma enfatiza la intervención del Estado en el sistema de salud, con la administración de los recursos públicos siendo la máxima prioridad, seguida de la implementación de un sistema de atención primaria de salud, la creación de un régimen laboral especial, el reconocimiento de la salud como un determinante social y la creación de un sistema de información público en línea.
La reforma tiene como objetivo transformar el papel de las EPS, otorgándoles tres responsabilidades principales: la creación y gestión de Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) dentro de sus territorios asignados; la gestión de sistemas de referencia y contra-referencia para las personas conectadas a sus CAPS; y la ejecución de auditorías contratadas requeridas por el Sistema de Salud. Si bien la reforma no elimina las EPS, cambia su función dentro del sistema de salud, lo que genera preocupaciones de que dejarán de funcionar como proveedores de seguros y solo retendrán el nombre de EPS.
Además, la reforma creará un fondo público de salud único administrado por la Administradora de Recursos para la Salud (ARS), que recibirá financiamiento del presupuesto nacional y una parte de las cuotas de membresía de las EPS. La creación de un fondo único permitiría al gobierno asignar fondos de manera más eficiente y evitar el uso indebido de fondos por parte de las EPS.
La reforma también planea eliminar la autorización de nuevas EPS para ingresar al sistema de salud y crear equipos médicos que visitarían hogares para identificar enfermedades y riesgos de salud. Por esta razón, la reforma exige que todos los miembros de un hogar deben estar afiliados a la misma EPS, lo que facilitaría que los equipos médicos revisen la salud de toda una familia durante una sola visita. Además, la reforma prohíbe barreras económicas, como copagos, y niega el derecho de imponer períodos mínimos de pago o condiciones preexistentes.
Si bien se espera que la reforma genere un amplio debate público, ya ha recibido críticas de algunos grupos políticos. Sin embargo, el gobierno y la oposición han llamado a manifestaciones públicas para expresar su apoyo u oposición a la reforma.
