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El concepto consultivo sobre la UPC abre un choque entre criterio jurídico y manejo financiero del sistema. El mensaje presidencial plantea liquidar EPS intervenidas y reabre el debate sobre controles y continuidad de la atención.
El concepto fija límites al uso de la UPC: solo deudas no prescritas y sin afectar la atención en salud. La decisión del Consejo de Estado redefine cómo las EPS pueden ordenar pagos atrasados bajo reglas del sistema de salud.
El nuevo esquema obliga a EPS e IPS a reportar en tiempo real prescripción y entrega, fija plazos máximos de 48 horas cuando no hay disponibilidad y activa alertas tempranas para evitar interrupciones en tratamientos financiados con UPC.
En 2025 se registraron 1,6 millones de quejas y 265 mil tutelas por fallas del sistema de salud. Los colectivos advierten que sin ajustar la UPC entre 15 y 17 % el déficit supera 32,9 billones y amenaza la atención en Colombia.
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