Colombia- La Fiscalía General de la Nación emitió una orden de investigación sobre la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, enfocándose en presuntas irregularidades relacionadas con el financiamiento con fuentes prohibidas y la violación de topes de gastos. La orden incluye una búsqueda selectiva en bases de datos para recopilar soportes financieros, contables y contractuales de empresas vinculadas a la Coalición Pacto Histórico, la Colombia Humana y el exgerente de campaña, Ricardo Roa.
La decisión generó una respuesta inmediata por parte del presidente, quien a través de un trino expresó su rechazo: "Esto es violar la constitución. Al presidente de la república no lo investiga la Fiscalía". La declaración reavivó el debate sobre los límites de la Fiscalía frente a un mandatario en ejercicio y el alcance de sus competencias en investigaciones relacionadas con su campaña electoral.
El proceso es impulsado bajo la dirección de la fiscal general Luz Adriana Camargo, quien fue ternada por el propio presidente y elegida por la Corte Suprema de Justicia en marzo de 2024. Su papel en esta investigación ha generado distintas interpretaciones, desde quienes ven una muestra de independencia de la Fiscalía hasta quienes consideran que se trata de una estrategia política con trasfondo jurídico. Además, los recientes reclamos del presidente sobre la supuesta parálisis de la Fiscalía y su mención a actores políticos que quieren involucrar a su gobierno con "Papá Pitufo" han aumentado la percepción de una creciente tensión entre Petro y la fiscal Camargo.
Según el documento filtrado en redes sociales, la orden busca obtener documentos como contratos, facturas, recibos de caja, soportes de transferencias electrónicas y certificaciones sobre servicios prestados a la campaña de Petro. La solicitud involucra a diversas empresas cuyos nombres aún no han sido revelados en su totalidad.↙️
El trino del presidente también abre interrogantes sobre la viabilidad de la investigación. La Constitución colombiana establece que el presidente solo puede ser investigado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Sin embargo, la Fiscalía podría argumentar que la pesquisa no es contra Petro como jefe de Estado, sino contra los financiadores de su campaña y su exgerente.
Mientras se espera una postura oficial de la Fiscalía sobre el trino del presidente, sectores políticos y juristas han comenzado a reaccionar. Algunos advierten sobre una posible politización de la justicia, mientras otros señalan la necesidad de esclarecer si hubo irregularidades en la financiación de la campaña presidencial.
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