Colombia - La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios solicitó a las principales generadoras de energía del país suministrar electricidad a Air-e bajo el principio de solidaridad. La medida busca reducir las tarifas que pagan los usuarios en los departamentos de La Guajira, Atlántico y Magdalena, según lo expresado por la entidad en un comunicado oficial.
La petición está dirigida a AES Colombia, Celsia Colombia, Enel Colombia, EPM, Isagen e ISA Intercolombia, instándolas a ofrecer energía a precios costo-eficientes para reemplazar el suministro de alto costo. Según la Superservicios, esto permitiría estabilizar a Air-e hasta que la empresa pueda operar de manera sostenible.
El comunicado destaca que el principio de solidaridad se fundamenta en el artículo 6 de la Ley 143 de 1994, que establece la continuidad en la prestación del servicio aún en escenarios de crisis empresarial. Con base en esta normativa, se espera que las generadoras vendan energía a Air-e a un precio que no supere el de costo-eficiencia, reduciendo así su exposición a los altos valores del mercado mayorista.
Datos suministrados por la Superservicios indican que, en 2024, las generadoras contaban con el 99 % de la capacidad reportada como disponible, aunque no utilizada por falta de demanda. En promedio, un 37 % de esta capacidad permanecía sin generar electricidad diariamente. La cantidad solicitada para Air-e equivale a solo una fracción de ese excedente, lo que, según la entidad, no representaría un impacto económico para las generadoras. 
El estudio también señala que el costo de la generación adicional requerida para Air-e sería mínimo, por lo que no habría una carga financiera significativa para las empresas generadoras. Con este argumento, la Superservicios insiste en que el beneficio final sería para los usuarios, quienes han enfrentado facturas elevadas en los últimos meses.
Por ahora, las generadoras no han respondido públicamente a la solicitud. Sin embargo, la petición abre el debate sobre si esta es una solución sostenible o si corresponde al Estado asumir un rol más activo en la garantía de precios justos para los consumidores.
