Colombia - Tras intensas jornadas de negociación entre el Gobierno Nacional y los transportadores de carga, ambas partes alcanzaron un principio de acuerdo en relación con el precio del ACPM, medida que podría poner fin al paro camionero que ha paralizado el transporte de mercancías en diversas regiones del país.
El acuerdo preliminar, socializado en las mesas de trabajo entre representantes del Ministerio de Transporte y los líderes del gremio, propone una reducción de 800 pesos en el precio del galón de ACPM. El ajuste se implementaría en dos etapas: una primera reducción de 400 pesos de forma inmediata y una segunda de 400 pesos el 1 de diciembre. Sin embargo, los transportadores han solicitado que la primera reducción entre en vigor el 15 de octubre y la segunda el 15 de diciembre, lo que ha generado una ligera discrepancia con la propuesta gubernamental.
La ministra María Constanza García Alicastro pidió nombrar una comisión con representantes del Gobierno y transportadores para la elaboración del acta, quienes redactarán el documento con las propuestas para discusión y firma.
Previo a este preacuerdo, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunció que el Gobierno había llegado al límite en las negociaciones con el gremio de transportadores. En una declaración emitida desde la sede presidencial, Cristo destacó que, a pesar de las dificultades, se ha logrado un acercamiento que podría permitir la reactivación del transporte de mercancías. “Hemos llegado hasta el límite del Gobierno nacional en una propuesta que consiste en bajar de los 1.904 pesos de los que hablábamos; se ha bajado de 6.000 a 1.904 y ahora bajamos de 1.904 a 800″, afirmó Cristo.
El acuerdo preliminar contempla un ajuste en el precio del ACPM, que se reducirá en 800 pesos por galón durante lo que resta del año. La primera reducción, de 400 pesos, se aplicará de forma inmediata tras la modificación del decreto vigente, mientras que la segunda reducción se llevará a cabo el 1 de diciembre. Este ajuste ha sido uno de los principales puntos de discordia entre los transportadores y el Gobierno, quienes han mantenido manifestaciones en rechazo al alza en el precio del combustible.
No obstante, los transportadores han expresado su interés en que los ajustes sean implementados en fechas diferentes a las propuestas por el Gobierno. Según los voceros del gremio, los camioneros solicitan que la primera reducción entre en vigor el 15 de octubre, mientras que la segunda se aplique el 15 de diciembre. A pesar de las diferencias en las fechas, el Ministerio de Transporte y los representantes del gremio continuarán trabajando en los detalles finales del acuerdo para garantizar que se llegue a una solución viable para ambas partes.
El paro camionero, que ya ajusta cuatro días consecutivos de manifestaciones, ha generado serios problemas en la movilidad y distribución de mercancías a nivel nacional, especialmente en las zonas rurales y periféricas. Además, ha tenido un impacto directo en la cadena de suministro de alimentos y bienes esenciales, incrementando la presión sobre el Gobierno para llegar a un acuerdo. Las conversaciones entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Transporte y los líderes del gremio han sido largas y difíciles, con ambas partes manifestando preocupaciones sobre los efectos económicos y sociales de la paralización del sector.
Al concluir la jornada de negociación se realizará una rueda de prensa con voceros: Ministra de Transporte, Ministro de Minas, Ministra de Trabajo y Ministro de Hacienda.
En paralelo a las negociaciones, el presidente Gustavo Petro advirtió sobre posibles medidas legales contra los promotores del paro. El mandatario indicó que la Fiscalía y otras entidades gubernamentales investigarán a los responsables de las manifestaciones que afecten el orden público y la economía nacional. "Tomaremos medidas estrictas para asegurar el cumplimiento de la ley y evitar que actos vandálicos pongan en riesgo la movilidad del país", afirmó Petro durante un reciente consejo de seguridad.
Hasta el momento, la Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional, ha iniciado investigaciones preliminares sobre las acciones de algunos sectores del gremio transportador, especialmente en aquellos casos donde se han presentado bloqueos o afectaciones a la infraestructura vial. Sin embargo, la Fiscalía no ha revelado detalles sobre los avances de estas investigaciones ni si se ha tomado alguna acción concreta contra los manifestantes.
