Colombia - La Ministra de Transporte, María Constanza García, se reunió con la bancada de congresistas de la región Caribe y gobernadores del Atlántico y Bolívar, para discutir la implementación del impuesto de valorización que se aplicará a los predios beneficiados por la construcción de la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad. Este encuentro se enmarca en un contexto politizado tras las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien afirmó que "los ricos que se beneficiaban de esta obra debían pagar impuestos", lo que ha añadido una carga ideológica a la discusión.
Durante la reunión, la ministra García delineó un cronograma técnico preciso para la implementación del impuesto, destacando varios puntos clave. El proceso comenzará con la publicación del censo predial en septiembre de 2024, el cual servirá para identificar y categorizar los predios sujetos al impuesto. A partir de este censo, se determinará la base gravable sobre la cual se calculará el valor de la valorización para cada predio. El proyecto será socializado en detalle con las comunidades afectadas durante el mismo mes, a través de una serie de talleres y mesas de trabajo que se realizarán en Barranquilla y otras ciudades del Caribe.
La notificación formal a los contribuyentes, según lo anunciado, se realizará en noviembre de 2024. Este proceso incluirá la entrega de resoluciones individualizadas que especificarán el monto exacto del impuesto a pagar por cada propietario. El calendario fiscal para el cobro comenzará en marzo de 2025, con el envío de las primeras facturas programadas para abril de ese año. Además, se estableció que los pagos podrán realizarse en varias cuotas, con plazos flexibles que dependerán de la categoría del predio y la capacidad de pago del propietario, para mitigar el impacto financiero en los contribuyentes.
Un tema central de la reunión fue la definición de las exenciones que aplicarán para este impuesto. La ministra García reafirmó que los predios pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3, así como aquellos clasificados en situación de pobreza extrema o moderada según el SISBÉN, y las Unidades Agrícolas Familiares, estarán exentos del pago. Estas exenciones tienen como objetivo proteger a las poblaciones más vulnerables y asegurar que el impuesto no agrave la situación económica de quienes no se benefician directamente de las obras.
Sin embargo, la exención para los estratos más bajos no ha sido suficiente para apaciguar las críticas de ciertos sectores políticos. El senador Mauricio Gómez Amín, quien se ha destacado por su oposición al proyecto, abandonó la reunión en señal de protesta. Según Gómez Amín, la medida no tiene en cuenta las dificultades económicas que enfrentan muchos propietarios en la región Caribe, y anunció que tomará acciones legales para detener el cobro, argumentando que es "una carga injusta para los costeños".
El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, se mostró más conciliador, pero igualmente insistió en que el cobro de valorización no debe ser postergado indefinidamente. Verano subrayó que los recursos obtenidos serán reinvertidos en la región, particularmente en nuevos proyectos de infraestructura que requieren financiación urgente. A pesar de que aproximadamente 140,000 predios en los estratos 4, 5 y 6 serán gravados, Verano enfatizó que la inversión en desarrollo es crucial para el crecimiento económico y social del Atlántico.
Por otro lado, el senador Efraín Cepeda fue categórico en su rechazo al proyecto, calificándolo como "antitécnico, antijurídico e injustificado". A través de sus redes sociales, Cepeda argumentó que la infraestructura actual de la Vía al Mar "NO es de doble calzada" en más del 65% de su extensión, lo que, en su opinión, hace inadecuada la imposición del impuesto. Además, señaló que la obra fue entregada antes de que la modificación legal que permite el cobro de valorización entrara en vigor, sugiriendo que el impuesto podría ser "ILEGAL".
El contexto de la discusión sobre el impuesto de valorización se ha visto fuertemente influenciado por las declaraciones del presidente Gustavo Petro. En un discurso reciente, Petro defendió la necesidad del cobro, argumentando que "los ricos que se beneficiaban de esta obra debían pagar impuestos". Estas palabras han intensificado el debate, convirtiendo una cuestión técnica de financiación en un asunto cargado de ideología, con implicaciones de lucha de clases que han polarizado a la opinión pública.
La reunión concluyó con la confirmación de que el Gobierno Nacional continuará adelante con el plan de valorización, a pesar de las críticas y la oposición. La ministra García anunció que se realizarán nuevas reuniones en Barranquilla para seguir con la socialización del proyecto y responder a las preocupaciones de la comunidad local. Sin embargo, las tensiones persisten, y es probable que el tema siga generando controversia en los próximos meses.
