Barranquilla D.E.I.P. - En un reciente comunicado de prensa, la empresa Air-e ha expresado su preocupación ante el impacto significativo que el aumento del 400% en el precio de la bolsa de energía está teniendo en los usuarios del Departamento del Atlántico. Según el comunicado, los costos asociados a la compra de energía en la bolsa ascendieron a 876 mil millones de pesos en 2023, afectando a los consumidores de Atlántico, Magdalena, y La Guajira.
Durante los últimos dos años, Air-e ha estado en conversaciones con generadoras de energía para reducir los costos, señalando que un indexador se incrementó artificialmente en más de un 40% en 2021 y 2022. Sin embargo, solo cuatro de los 23 agentes han ofrecido alguna reducción, representando un ajuste mínimo frente al impacto del reciente aumento en los precios de la bolsa.
Las reducciones propuestas por las generadoras equivalen a 4900 millones de pesos en el primer mes de 2024, lo que representa apenas el 2.9% del total de los contratos. Sin embargo, el alza en el precio de la bolsa de energía ha generado un costo adicional de 30 mil millones de pesos solo en agosto, dejando a los usuarios con una carga extra de 25 mil millones de pesos, incluso después de aplicar los descuentos.
Frente a esta situación, Air-e ha decidido ajustar su operación administrativa y financiera, en respuesta a la suspensión de la limitación del suministro solicitada por alcaldes y gobernadores del Departamento del Atlántico, la cual vence el 31 de agosto. La medida, que fue acordada en una reunión el 25 de julio en Bogotá D.C., tendrá una vigencia de seis meses, con el objetivo de asegurar la continuidad del suministro de energía en estas difíciles condiciones.
A pesar de los esfuerzos de Air-e por garantizar suministros superiores a otras empresas como Celsia y Enel, no han recibido ofertas de energía, viéndose obligados a acudir al mercado especulativo de reventa. Este problema estructural, que afecta particularmente a mercados con poblaciones vulnerables consideradas de "alto riesgo", ha llevado a la empresa a proponer la creación de una comisión gubernamental de alto nivel para analizar y estudiar el funcionamiento del mercado eléctrico.
La empresa Air-e ha manifestado su disposición para que esta comisión tenga acceso completo a sus libros y registros financieros, con el fin de que el país pueda entender claramente el destino de los fondos en el negocio de la energía. La compañía también destacó que las empresas propietarias de Air-e no han recibido dividendos en los últimos cuatro años de operación, algo que han considerado un sacrificio necesario para corregir las anomalías que afectan a los usuarios.
En su comunicado, Air-e reiteró su compromiso con la búsqueda de soluciones que beneficien a todos, especialmente a los usuarios del Departamento del Atlántico y otras regiones afectadas. La empresa enfatizó la necesidad de una intervención gubernamental para regular el mercado y asegurar que las tarifas eléctricas sean justas y sostenibles para todos los consumidores.
