Colombia - La crisis energética en Colombia ha levantado alarmas entre las autoridades, y el Contralor General, Carlos Rodríguez Becerra, ha expresado su preocupación sobre la situación que podría afectar severamente el desarrollo económico del país. En un reciente comunicado, Rodríguez Becerra subrayó la necesidad urgente de actuar para evitar problemas como apagones y mayores gastos fiscales, enfatizando que la falta de intervención podría llevar a consecuencias desfavorables para varios sectores, incluyendo hidrocarburos, gas y electricidad.
El Contralor indicó que "hay una confluencia de alarmas en distintos sectores", lo que resalta la importancia de ampliar la oferta de energía en el menor tiempo posible. Esta acción podría requerir que el gobierno modifique parte de su agenda, ya que el 70% de la matriz energética de Colombia proviene de recursos hídricos, lo que hace indispensable explorar nuevas fuentes de energía para garantizar la seguridad y soberanía del país en este ámbito.
Rodríguez Becerra también señaló que la situación se complica con la reducción de exploración en campos de gas, como el caso del pozo Uchuva 2, que ha sido detenido por un fallo judicial. Esto no solo limita las fuentes de recursos, sino que también restringe el tiempo disponible para afrontar otros problemas críticos, como la importación de gas y los apagones durante períodos de baja hidrología. El Contralor enfatizó que "cuando se presentan casos como el cese de exploración en el pozo Uchuva 2, lo que observamos es una fuente menos de recursos y una reducción en los plazos para enfrentar varios riesgos".
La dependencia histórica de campos petroleros pequeños y medianos hace que la creación de condiciones apropiadas para fomentar nuevos descubrimientos sea esencial. Rodríguez Becerra también advirtió sobre la percepción errónea de que las empresas petroleras tienen recursos económicos ilimitados. "El negocio petrolero es de alto riesgo, por lo que se necesita a los privados para encontrar el recurso", afirmó, enfatizando la importancia de mantener un entorno favorable para la inversión.
Aunque en 2023 se pagaron regalías por cerca de $9 billones de pesos, el agotamiento de recursos exige considerar reformas tributarias más agresivas. "Las regalías petroleras contribuyen lo mismo que 1 y ½ reformas tributarias", indicó Rodríguez Becerra, recordando que "sin explotación petrolera no hay regalías", dado que la mayor parte de ellas proviene de esta actividad. A pesar de la autosuficiencia actual de petróleo y gas, esta se está agotando rápidamente, y no hay incentivos suficientes para mantener la producción nacional.
El suministro de combustibles en el país ha mostrado señales de estrés, ya que la producción nacional apenas satisface la demanda local, lo que ha llevado a un aumento en las importaciones, especialmente de gasolina. "La producción nacional está rozando los niveles de la demanda", comentó el Contralor, alertando sobre una situación delicada que podría agravar la crisis energética.
En relación con el manejo de recursos provenientes de regalías, Rodríguez Becerra enfatizó que su gestión ineficaz limita su impacto en el desarrollo económico. Mencionó que, entre 2023 y 2024, se han auditado 93 proyectos por un valor del Sistema General de Regalías (SGR) de $1 billón de pesos, que han presentado hallazgos fiscales por cerca de $190 mil millones de pesos. "Se requiere una mejor estructuración de proyectos y una planificación participativa para maximizar su uso", subrayó.
Además, el Contralor criticó el impacto del Decreto 1047 del 14 de agosto de 2024, que impide las exportaciones de carbón a Israel, resultando en una pérdida significativa de regalías e ingresos para las regiones afectadas. "Debido a esta medida, se dejan de percibir más de $650 mil millones de pesos en regalías, impuestos y contribuciones anuales", puntualizó, señalando que esta situación afecta tanto a la economía local como a la confianza inversionista, factores esenciales para el desarrollo del país.
La crisis energética en Colombia exige atención y medidas concretas para garantizar la estabilidad económica y el bienestar de la población.
