Colombia - La Procuraduría General de la Nación ha solicitado a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y a la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible información detallada sobre la licencia ambiental que Ecopetrol ha solicitado para la perforación exploratoria de hidrocarburos off shore en el bloque COL-1 del Caribe colombiano. Este proyecto se sitúa en jurisdicción de las capitanías de puerto de Barranquilla, Riohacha y Santa Marta.
El Ministerio Público ha señalado que el trámite de la licencia ambiental para esta perforación parece estar suspendido. En respuesta, la Procuraduría ha solicitado ser reconocida como “tercero interviniente” en el proceso. Esta figura permite al organismo participar en las actuaciones administrativas relacionadas con la obtención de permisos y licencias para actividades que puedan impactar el medio ambiente.
La solicitud incluye un requerimiento para acceder al expediente administrativo completo del proyecto y al auto mediante el cual se decidió suspender el trámite de la licencia. El artículo 69 de la Ley General Ambiental habilita a la Procuraduría a intervenir en la expedición, modificación, seguimiento y control de licencias ambientales, así como en la cancelación de permisos que puedan afectar el entorno.
La Procuraduría ha establecido un plazo de dos días para recibir el enlace que permita descargar el expediente completo y el auto de suspensión del trámite. La intervención de la Procuraduría como tercero interviniente pretende garantizar que el proceso de evaluación y aprobación de la licencia se realice con transparencia y conforme a los estándares establecidos.
El bloque COL-1, en el Caribe colombiano, es una zona de interés para la industria petrolera. La perforación en áreas off shore genera preocupaciones relacionadas con el impacto ambiental. La participación de la Procuraduría como tercero interviniente pretende garantizar que el proceso de evaluación y aprobación de la licencia se realice con transparencia y conforme a los estándares establecidos.
La ANLA, responsable de evaluar y otorgar licencias ambientales en Colombia, debe asegurar que todos los proyectos cumplan con los requisitos legales para la protección del medio ambiente. La solicitud de la Procuraduría destaca la importancia de una supervisión detallada en la gestión de proyectos industriales que puedan tener efectos ambientales considerables.
