Colombia - La Fiscalía General de la Nación ha iniciado una investigación sobre presuntas interceptaciones ilegales a la Corte Constitucional. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, anunció el viernes la apertura inmediata de esta investigación tras recibir denuncias de posibles seguimientos y espionaje a uno de los despachos de la Corte. La información obtenida sugiere que magistrados y otros funcionarios que manejan procesos sensibles y confidenciales podrían haber sido objeto de escuchas e interceptaciones a sus celulares.
En un comunicado oficial, la Fiscalía afirmó haber dispuesto todos los recursos disponibles para avanzar con rapidez y precisión en los actos investigativos que permitan determinar los alcances y el impacto de esta situación, denunciada el pasado miércoles. Durante una reunión de la Corte Constitucional, se discutió sobre los presuntos seguimientos y espionaje, destacando la necesidad de verificar si desde hace meses se ha llevado a cabo una labor de inteligencia contra miembros de la corte. Los magistrados han solicitado oficialmente a la Fiscalía que se verifique la existencia de estos actos de espionaje.
El comunicado de la Fiscalía también rechazó cualquier insinuación de filtración deliberada o indebida que pudiera afectar la seguridad, protección e integridad de los denunciantes y sus familias. Además, desmintió haber divulgado el documento firmado por uno de los magistrados de la Corte Constitucional que reportaba estas preocupaciones. La gravedad de las acusaciones ha llevado a la Fiscalía a asegurar que investigará con total rigor y transparencia.
Mientras la investigación avanza, diversas organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional han manifestado su preocupación por estos presuntos actos de espionaje. Las denuncias señalan una posible vulneración de la independencia judicial y de los derechos fundamentales de los magistrados y otros funcionarios afectados. La Fiscalía ha asegurado que se mantendrá en contacto constante con las partes implicadas y que se tomarán todas las medidas necesarias para proteger a los denunciantes.
Por su parte, los magistrados de la Corte Constitucional han reafirmado su compromiso con la justicia y la transparencia. Han expresado su esperanza de que la investigación de la Fiscalía esclarezca rápidamente los hechos y se tomen las acciones necesarias para prevenir futuros incidentes de esta naturaleza. La confianza en el sistema judicial es fundamental para el funcionamiento democrático del país, y los magistrados han subrayado la necesidad de proteger la independencia y la integridad de las instituciones judiciales.
Este caso ha traído a la memoria el escándalo de las "chuzadas" durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010). En ese periodo, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) fue descubierto instalando micrófonos en la Corte Suprema de Justicia e interceptando teléfonos de diversas personalidades, incluidos jueces, periodistas y opositores. Las investigaciones de entonces resultaron en la condena de Bernardo Moreno, exsecretario de la Presidencia, y María del Pilar Hurtado, exjefa del DAS, por varios delitos. Jorge Noguera, exdirector del DAS, también fue condenado en 2017 por interceptaciones de comunicaciones privadas y vigilancia sin autorización judicial.
El paralelismo entre ambos casos genera preocupación en el ámbito judicial y político del país. La Corte Constitucional es una institución clave en la protección de los derechos fundamentales y el equilibrio de poderes, y cualquier indicio de espionaje a sus miembros compromete gravemente la confianza en las instituciones democráticas. La fiscal general Camargo ha enfatizado la importancia de esta investigación para garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia y para restablecer la integridad del sistema judicial.
