La pérdida de control no es un concepto abstracto; se nota en la calle y erosiona la autoridad del Estado hasta que la institucionalidad comienza a quedarse sin fuerza.
La soberanía define la capacidad real de un Estado para controlar sus fronteras, regular la migración y proteger su orden interno. Sin control territorial no hay política pública sostenible, ni seguridad jurídica, ni sistema social que resista. Cuando la autoridad se diluye, la gobernabilidad se convierte en reacción y no en conducción.
Conviene despejar etiquetas antes de seguir. La socialdemocracia no es frontera abierta sin reglas ni negación del Estado; es institucionalidad con sensibilidad. Necesita un Estado fuerte para garantizar derechos, redistribuir oportunidades y sostener políticas sociales, pero también para hacer cumplir la ley. No hay justicia social posible en medio del desorden.
Regular no es excluir; es organizar la convivencia dentro de normas claras. La xenofobia rechaza personas por su origen. La soberanía aplica reglas para proteger el pacto ciudadano. La diferencia no es semántica, es estructural.
El mundo ya vive esta discusión con intensidad. En Estados Unidos se ha endurecido el control migratorio y el debate es visible: operativos, críticas, respaldo ciudadano y cuestionamientos por posibles excesos. La tensión no es menor: ¿cómo ejercer soberanía sin caer en desproporción? ¿cómo recuperar control sin perder legitimidad?
Ese espejo también nos interpela.
Colombia ha enfrentado una migración masiva proveniente de Venezuela. La mayoría de quienes llegaron lo hicieron por necesidad y hoy trabajan, emprenden y aportan al país. Esa realidad existe y debe reconocerse. Pero también existe una minoría que ha cometido delitos y ha generado desgaste social. El problema no es la nacionalidad; es la sensación de impunidad cuando la ley no se aplica con firmeza.
Muchos ciudadanos no piden odio ni persecución. Piden orden. Piden que el Estado ejerza su autoridad sin titubeos y haga respetar la ley. Cuando la percepción de descontrol crece, el debate deja de ser técnico y se convierte en malestar ciudadano.
Ahí es donde la institucionalidad debe demostrar madurez. Un trato serio implica derechos y deberes, integración para quien cumple y sanciones para quien infringe la norma. Incluye expulsión cuando la ley lo establece y, en situaciones extremas, el uso legítimo de la fuerza para garantizar el orden. Eso no es xenofobia; es gobernanza democrática.
También es necesario superar el encasillamiento fácil. Defender políticas sociales no convierte a nadie en radical de izquierda, así como exigir orden no convierte a nadie en autoritario de derecha. La democracia necesita protección social y autoridad legítima al mismo tiempo. Sin derechos no hay justicia; sin orden no hay convivencia.
El nacionalismo, entendido como defensa del pacto ciudadano y de la autodeterminación, no pertenece a una sola orilla ideológica. Puede degradarse en exclusión o elevarse como responsabilidad institucional. Todo depende de los límites y de los controles.
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