La asistencia del embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, o alguien del cuerpo diplomático, a la posesión de Nicolás Maduro el 10 de enero de 2025, representa un grave error diplomático que puede tener implicaciones negativas para la imagen de Colombia en la región y la cohesión interna del país. Este acto, lejos de ser un gesto de neutralidad o pragmatismo político, puede interpretarse como una legitimación tácita de un régimen autoritario, cuya permanencia en el poder ha sido marcada por prácticas antidemocráticas, violaciones a los derechos humanos y una administración económica que ha sumido a Venezuela en una crisis humanitaria sin precedentes.
Es crucial recordar que Nicolás Maduro ha sido ampliamente señalado por la comunidad internacional como el responsable de la ruptura del orden democrático en Venezuela. Para entender la magnitud del fraude, es importante considerar varios aspectos claves. 
En primer lugar, las condiciones del sistema electoral venezolano bajo el gobierno de Maduro han sido continuamente cuestionadas por organismos internacionales. La elección de 2024 no fue la excepción. Organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea han expresado sus preocupaciones sobre la transparencia y equidad del proceso, especialmente con el control casi total del gobierno sobre el Consejo Nacional Electoral (CNE). Este órgano, que debería ser imparcial, ha demostrado históricamente su lealtad al régimen, garantizando la perpetuación del poder de Maduro
En este contexto, la presencia de Rengifo o algún delegado colombiano, en la ceremonia de posesión de Maduro no solo parece una contradicción de los principios democráticos que históricamente ha defendido Colombia, sino que también pone en duda la coherencia de la política exterior del actual gobierno colombiano. Si bien las relaciones diplomáticas entre los dos países deben buscar el restablecimiento de la cooperación y la convivencia pacífica, esto no debería significar un reconocimiento implícito de un régimen cuyo comportamiento y conductas siguen siendo opuestos a los valores fundamentales de democracia y derechos humanos.
La política exterior colombiana ha de ser clara y firme al respecto: la defensa de la democracia, la justicia social y los derechos humanos debe prevalecer. Esta asistencia puede interpretarse como una rendición ante la presión de Maduro y su régimen, que ha mantenido una política agresiva hacia los países que han cuestionado su legitimidad. Además, es fundamental recordar el sufrimiento de millones de venezolanos que han huido de su país debido a la persecución política, la pobreza extrema y la falta de libertades, factores que reflejan la brutalidad del régimen de Maduro.
El costo político que le traerá a Gustavo Petro y sus huestes este error será impagable, dejará por sentado el gigante compromiso de nuestro mandatario con el tirano venezolano, máxime cuando su excusa es la relación comercial con ese vecino país y su aumento en un 40% en el último año, no tiene asidero alguno, toda vez que es a ellos a quienes les conviene recibir nuestros productos y pagar a tiempo, en otras palabras, mantener la relación. Gracias a Dios no logró Petro llevarnos a la dependencia energética de Venezuela, por más que lo ha intentado.
