Colombia — El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella presentó el Plan Estratégico para la Estabilización y la Soberanía Tecnológica Antidrones, una iniciativa que combina compras inmediatas, cooperación internacional, producción nacional y financiación. El programa fue anunciado el 17 de noviembre de 2026, durante un debate de control político en el Congreso.
El plan busca fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública frente a amenazas asociadas al uso de drones y desarrollar tecnología propia. Su diseño plantea tres líneas de acción que conectan la respuesta operativa de corto plazo con la fabricación nacional y un marco financiero y regulatorio para sostener esa capacidad.
La primera línea contempla adquirir equipos de manera inmediata y ampliar la cooperación internacional. Entre los interlocutores mencionados por el Gobierno están Estados Unidos, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y Ucrania, países y organizaciones con los que se busca fortalecer el acceso a capacidades y conocimientos antidrones.
Esta vía está orientada a atender las necesidades operativas mientras avanzan los demás componentes del programa. El anuncio no desglosa en el material entregado qué sistemas específicos se comprarán ni cuántos equipos llegarán en la primera etapa, por lo que la adquisición inmediata aparece como una línea estratégica.
La segunda línea propone desarrollar una industria nacional con capacidad para producir 40 unidades semanales. El Gobierno incluye en ese componente un proceso precontractual por 32.000 millones de pesos, cifra asociada a esa fase de desarrollo industrial y no al monto global proyectado para el plan.
El componente industrial introduce una dimensión distinta a la compra de equipos: la meta oficial no se limita a incorporar sistemas extranjeros, sino que incluye desarrollar capacidad de fabricación en Colombia. Esa meta de 40 unidades por semana es uno de los indicadores concretos anunciados para medir el alcance productivo del programa.
El tercer componente reúne la financiación y la regulación. La administración proyecta un documento CONPES con recursos cercanos a 7,2 billones de pesos y promueve un proyecto de ley para regular la importación y la trazabilidad de los drones, con el propósito de ordenar su ingreso al país.
El CONPES constituye el instrumento financiero anunciado para respaldar la estrategia, mientras que el proyecto de ley abordaría las reglas de importación y seguimiento. Los 7,2 billones corresponden a una cifra proyectada; el anuncio no los presenta como recursos ya apropiados, contratados o ejecutados.
En conjunto, las tres líneas plantean una combinación de adquisición, cooperación y desarrollo local. La primera busca capacidades en el corto plazo; la segunda propone ampliar la producción colombiana, y la tercera pretende establecer respaldo financiero y reglas para la circulación e importación de estos sistemas.
Una amenaza que golpea a la Fuerza Pública
El plan se presenta en medio de ataques con drones que han afectado a integrantes de la Fuerza Pública. La Policía contabilizó 708 ataques entre abril de 2024 y el 8 de noviembre de 2026; de ese total, 314 ocurrieron durante 2026, según el balance divulgado.
Para 2026, ese registro reportó al menos 26 militares muertos y más de 300 heridos, además de 32 policías heridos. Para 2024 y 2025, la misma publicación consignó 16 militares muertos y 197 heridos, cifras que describen el impacto humano asociado a esos ataques.
Otro balance, divulgado en septiembre de 2026, registró 688 eventos con drones contabilizados por el conjunto de la Fuerza Pública entre 2024 y 2026. Dentro de ese universo, las Fuerzas Militares identificaron 418 ataques contra sus integrantes, con 342 militares heridos y 22 fallecidos.
El mismo balance reportó 59 policías heridos y tres fallecidos. Las cifras de 688 eventos y 708 ataques proceden de registros y cortes diferentes, por lo que no deben sumarse ni tratarse como mediciones equivalentes; los 418 corresponden específicamente a ataques contra integrantes de las Fuerzas Militares.
Los balances disponibles permiten observar el fenómeno desde escalas distintas: un registro policial nacional, un recuento del conjunto de la Fuerza Pública y un seguimiento de Naciones Unidas. Cada cifra responde a un periodo y una metodología propios, y su lectura exige mantener separados esos universos.
Naciones Unidas documentó 121 ataques con explosivos mediante drones entre enero y mayo de 2026. De ellos, 46 fueron dirigidos contra el Ejército Nacional y 26 contra la Policía, de acuerdo con el informe citado en la narrativa base para esta etapa.
El antecedente institucional también forma parte del anuncio. El ministro de Defensa, el general en retiro Jorge Mora, cuestionó el proyecto antidrones heredado y afirmó que había recorrido 12 países y evaluado 22 empresas sin dejar soluciones viables para atender las necesidades de defensa.
Gobierno Petro habría bloqueado compra de sistema antidrones ↙️
Circular del Ministerio de Defensa C20260331000182.pdf by Martin Nahar LA TAQUILLERA
Como parte de la revisión de ese proceso, una circular fechada el 31 de marzo de 2026 bloqueó las compras directas relacionadas con el proyecto anterior. El nuevo plan incorpora, además, la instrucción presidencial de fortalecer capacidades defensivas y ofensivas mediante drones, junto con el desarrollo de tecnología nacional.
Lee más noticias haciendo clic►. REDPRENSA









