Uno puede estar un domingo en Barranquilla, mirando el río desde el Gran Malecón, y pensar que tiene todo el cielo por delante para volar un dron. Hasta que recuerda que no es así.
Quienes somos aficionados a los drones sabemos que en esta ciudad hay que mirar algo más que el viento, la batería y el lugar desde donde vamos a despegar. Hay que mirar el mapa de restricciones. Alrededor del Malecón tenemos instalaciones militares, una base de la Armada y ahora, además, las consideraciones de seguridad relacionadas con la presencia de la sede presidencial. De repente, ese cielo que parece completamente abierto desde tierra tiene zonas donde un pequeño aparato de unos cientos de gramos simplemente no puede estar.
Y uno lo entiende. Un dron puede ser una herramienta fantástica, pero también puede ser utilizado para hacer daño. En Colombia hemos aprendido, además, que quienes hacen la guerra tienen una enorme capacidad para apropiarse de tecnologías que fueron creadas para otros fines. Lo que para un aficionado puede ser una cámara voladora, para un actor armado puede convertirse en una herramienta de vigilancia o incluso en un arma.
Ahí es donde empieza una conversación que, a mi juicio, estamos teniendo poco: ¿cuánto nos está costando tecnológicamente la violencia?
No hablo solamente de los muertos, de las carreteras destruidas, de los desplazados o de los miles de millones que el Estado debe gastar para enfrentarla. Hablo de algo menos visible: de las oportunidades tecnológicas que dejamos de aprovechar porque una herramienta que en otros lugares se incorpora rápidamente a la economía aquí tiene que ser mirada primero desde la seguridad.
Los drones son un buen ejemplo.
Mientras nosotros discutimos dónde puede volar un dron en Barranquilla, en otros lugares del mundo la discusión ya es otra. ¿Cómo utilizamos drones para fumigar con mayor precisión? ¿Cómo inspeccionamos kilómetros de una línea eléctrica sin enviar trabajadores a lugares peligrosos? ¿Cómo revisamos un oleoducto, una carretera o una obra de infraestructura? ¿Cómo llevamos medicamentos o mercancías a una zona apartada? ¿Cómo utilizamos un dron para responder más rápido a una emergencia?
En países como Australia, Japón o Reino Unido, estas preguntas ya hacen parte del desarrollo de nuevas operaciones comerciales e industriales. En algunos lugares se trabaja incluso para que los drones puedan volar más allá de la línea visual del operador, algo fundamental si queremos que dejen de ser simplemente una herramienta para hacer fotografías y se conviertan en una verdadera plataforma de transporte, inspección y producción.
Y aquí está lo que me preocupa como aficionado a los drones: Colombia tiene prácticamente todas las razones para aprovechar esta tecnología.
Tenemos agricultura. Tenemos minería. Tenemos petróleo y gas. Tenemos enormes redes eléctricas, carreteras, puertos, ciudades que crecen y una geografía en la que llegar físicamente a muchos lugares cuesta tiempo y dinero. Tenemos, además, emergencias y desastres en los que disponer de una herramienta aérea rápida podría marcar una diferencia enorme.
Pero también tenemos violencia.
Y cuando esa violencia descubre que un dron puede servir para atacar, vigilar o transportar explosivos, la primera respuesta es inevitable: controlar.
El problema es que el control no distingue siempre entre el que quiere hacer daño y el que quiere trabajar. El delincuente utiliza la tecnología ilegalmente y el ciudadano que la utiliza de manera legítima termina encontrándose con más restricciones, más trámites o menos espacios para experimentar.
No estoy diciendo que debamos eliminar las restricciones. Sería absurdo pedir que un aficionado pueda levantar un dron al lado de una base militar, de un aeropuerto o de una instalación estratégica simplemente porque quiere hacerlo. La seguridad tiene que existir.
Lo que digo es que no podemos responder al problema tecnológico de la violencia simplemente reduciendo el espacio tecnológico de todos los demás.
Si un delincuente utiliza un dron como arma, nuestra respuesta debería ser desarrollar mejores sistemas para detectar ese dron, identificarlo, conocer quién está detrás de él y neutralizarlo cuando represente una amenaza. Y, al mismo tiempo, deberíamos construir reglas que permitan al agricultor, al empresario, al investigador, al operador audiovisual o al aficionado utilizar la misma tecnología de manera segura.
En otras palabras: necesitamos más capacidad tecnológica para controlar la tecnología, no menos capacidad tecnológica para todos.
Eso implica regulación inteligente, zonas de operación claramente definidas, sistemas de identificación y trazabilidad, corredores para determinadas actividades y condiciones que permitan desarrollar operaciones más avanzadas sin poner en riesgo a terceros. Si otros países están encontrando la manera de hacer que los drones vuelen más lejos, trabajen de manera más autónoma y participen en actividades económicas cada vez más complejas, nosotros también tenemos que encontrar la nuestra.
Porque el asunto no es realmente el dron.
El dron solamente nos permite ver un problema mucho más grande.
La violencia colombiana nos ha obligado durante décadas a concentrarnos en sobrevivir, controlar y contener. Y mientras hacemos eso, el mundo sigue avanzando en tecnologías que van a definir buena parte de la economía del futuro.
Ese puede ser uno de los costos más silenciosos de nuestra violencia: no solamente destruye lo que tenemos, sino que puede retrasar aquello que todavía no hemos construido.
Cada vez que un emprendedor deja de desarrollar una idea porque la regulación se vuelve demasiado compleja, cada vez que una empresa descarta una aplicación porque operar resulta demasiado difícil, cada vez que una tecnología llega a Colombia acompañada primero por el miedo y después por la innovación, estamos perdiendo tiempo.
Y el tiempo tecnológico no espera.
Por eso, cuando vuelva a mirar el cielo del Gran Malecón y vea a alguien volando un dron, no voy a pensar solamente en si está autorizado para hacerlo. También voy a pensar en todo lo que podríamos llegar a hacer con esa pequeña máquina si fuéramos capaces de construir un país suficientemente seguro para aprovecharla.
El reto no es que Colombia tenga menos drones en el cielo.
El reto es que tengamos la tecnología, las reglas y la seguridad necesarias para que puedan volar los que quieren construir, producir e innovar, mientras somos capaces de impedir que quienes quieren hacernos daño utilicen ese mismo cielo contra nosotros.
Porque mientras el mundo aprende a volar cada vez más lejos, nosotros no podemos permitir que la violencia termine amarrándonos las alas.
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