Colombia – La reforma tributaria de 2025 quedó archivada después de que la Comisión Cuarta del Senado rechazara la ponencia positiva con nueve votos en contra y cuatro a favor, un resultado que cerró el camino legislativo del proyecto y dejó al Gobierno frente a un hueco fiscal de 16,3 billones de pesos para el Presupuesto General de 2026.
El hundimiento se produjo el 9 de diciembre durante las sesiones conjuntas de las comisiones económicas, aunque fue la votación de la Comisión Cuarta la que definió el desenlace. La falta de mayorías para el Gobierno ya se percibía desde semanas previas, pero la sesión dejó claro que no había ambiente para rescatar la iniciativa.
La reforma pretendía asegurar ingresos equivalentes al 0,8% del PIB para financiar programas sociales, inversiones en infraestructura y obligaciones del Presupuesto General aprobado en 546,9 billones de pesos. Sin esta ley, el Ejecutivo deberá aplicar recortes, buscar recursos por endeudamiento o reacomodar partidas para cubrir el faltante.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, había defendido la propuesta argumentando que permitiría estabilizar las finanzas y fortalecer la fiscalización tributaria. Sin embargo, la correlación de fuerzas dentro del Congreso terminó inclinándose hacia quienes señalaban que el proyecto no respondía al momento económico del país.
Contexto político y antecedentes del trámite
El proyecto fue radicado en septiembre y llegó al Congreso con un margen estrecho para su trámite. Los debates del 3 y 4 de diciembre se vieron afectados por retiros de firmas en ponencias y rupturas de quórum, lo que aplazó decisiones hasta el 9 de diciembre. La oposición insistía desde entonces en que no había condiciones para aprobar una reforma que, a su juicio, aumentaba la presión tributaria en medio de una desaceleración.
A pesar de los ajustes de última hora —como retirar impuestos a cerveza, combustibles e iglesias— las modificaciones no lograron cambiar la postura de los sectores críticos. Para varios congresistas, el proyecto seguía teniendo puntos que afectaban la competitividad y recargaban a la clase media.
Contenido clave del proyecto
La reforma incluía una tarifa mínima del 20% para grandes contribuyentes, impuestos a vehículos híbridos, una normalización tributaria del 19% y medidas orientadas a reducir el gasto tributario. Estas disposiciones buscaban ampliar el recaudo estructural y mejorar la sostenibilidad fiscal.
Sin embargo, los opositores consideraron que las medidas eran insuficientes y advertían que el Gobierno pretendía trasladar a los contribuyentes el impacto de un gasto público que, según ellos, continúa en expansión. El debate se centró en el equilibrio entre recaudo y capacidad fiscal de los hogares.
Reacciones dentro del Congreso
Tras la votación, varios de los senadores que impulsaron el archivo explicaron sus razones. Uno de ellos sostuvo que el proyecto “golpeaba a las clases medias y bajas”, mientras otro señaló que la iniciativa “era regresiva” y ponía en riesgo la competitividad tributaria del país. Un tercer legislador aseguró que el Ejecutivo buscaba aumentar la carga impositiva sin presentar un plan claro de austeridad.
Según la oposición, la sostenibilidad fiscal debe partir de una revisión del gasto público y de medidas que no afecten directamente a los hogares ni al aparato productivo. Las posturas se centraron en la necesidad de impulsar reformas más equilibradas y acordes con el ciclo económico.
Desde el oficialismo, algunos miembros del Pacto Histórico lamentaron el resultado y señalaron que el archivo deja sin respaldo a más de cien mil contribuyentes con deudas ante la DIAN, quienes habrían accedido a descuentos en intereses y sanciones. También destacaron que la reforma contribuía a cerrar brechas históricas en el recaudo.
Impacto fiscal y escenario para el próximo año
Sin la reforma, el Gobierno deberá acelerar la formulación de un plan alternativo. El ministro Ávila había advertido que la no aprobación del proyecto complicaría el cierre financiero de 2026, dada la magnitud del faltante. Entre las alternativas en discusión está un esquema de recuperación de cartera morosa mediante alivios transitorios y mecanismos de reactivación.
También podrían presentarse sesiones extraordinarias para discutir propuestas de menor alcance, aunque estas no están confirmadas. Analistas consultados por diferentes medios han indicado que la ausencia de la reforma incrementa la presión sobre el gasto y plantea retos adicionales en un año marcado por la desaceleración económica.
Para la oposición, el hundimiento refleja la necesidad de replantear la política fiscal y revisar la eficiencia del gasto público. Para el Gobierno, en cambio, se trata de un revés que condiciona la ejecución de su agenda social y exige un nuevo ejercicio de concertación con el Congreso.
La discusión sobre las alternativas para cubrir el hueco fiscal continuará en los primeros meses de 2026, cuando el Ejecutivo deba presentar un plan para garantizar la sostenibilidad financiera y evitar mayores tensiones en las cuentas públicas. Mientras tanto, el archivo de la reforma marca un punto crítico en el debate tributario y deja en evidencia las diferencias entre los distintos bloques políticos sobre el camino que debe seguir la economía del país.
Lee más noticias haciendo clic►. REDPRENSA
