Barranquilla – La Asamblea Departamental del Atlántico aprobó en segundo debate un proyecto de ordenanza presentado por el diputado Harry Canedo Acosta, centrado en beneficios para madres y padres comunitarios, así como para grupos poblacionales vulnerables del departamento. Esta iniciativa busca mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas, priorizando subsidios, créditos blandos y exenciones tributarias, con implementación gradual prevista para 2026.
El proyecto, fue aprobado durante la plenaria del último período de sesiones ordinarias de 2025. La votación fue unánime en comisión y plenaria, destacando la coincidencia de los diputados sobre la importancia de otorgar herramientas de vivienda a quienes trabajan directamente con la primera infancia y a familias en situación de vulnerabilidad. La aprobación en segundo debate habilita la sanción inmediata una vez se asigne el número formal y se oficialice la vigencia de la norma.
La iniciativa busca garantizar que madres y padres comunitarios tengan acceso preferencial a programas de vivienda, incluyendo el programa “Mi Casa Bacana”, que contempla bonos de hasta 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes, equivalentes a aproximadamente 39 millones de pesos por hogar. Además, la ordenanza establece exenciones tributarias del 50% en estampillas pro-industria y pro-deporte para contratos de construcción en viviendas vulnerables, y otorga incentivos fiscales a cooperativas de construcción comunitaria.
El fondo de implementación será administrado por la Gobernación del Atlántico, con un presupuesto rotatorio de 10.000 millones de pesos dentro del marco del presupuesto departamental de 2,4 billones aprobado para 2026. La ejecución requerirá convenios con alcaldías de municipios priorizados, entre los que se encuentran Barranquilla, Soledad, Sabanalarga, Juan de Acosta y Tubará.
El diputado Canedo, autor de la iniciativa, expresó durante la plenaria: “Esta ordenanza es un compromiso con las madres comunitarias que sostienen familias enteras; les daremos herramientas para que sus hogares sean seguros y dignos”. Su trayectoria política incluye la ponencia de otras 12 ordenanzas en 2025, centradas en temas sociales, culturales y de vivienda, consolidando su enfoque en proyectos con impacto comunitario directo.
El proyecto se enlaza con la Ordenanza 626 de 2024, que establece lineamientos para programas de vivienda en zonas rurales y urbanas del Atlántico. La 0030 de 2025 amplía esta cobertura, incorporando criterios de género y etnia y priorizando poblaciones vulnerables. También se relaciona con la Ordenanza 607 de 2024, que autoriza adiciones presupuestales para infraestructura educativa y habitacional, y con la Resolución 503 de 2025, que asigna subsidios del programa “Mi Casa Bacana” en municipios atlanticenses. En el plano nacional, la iniciativa se ajusta a la Ley 1537 de 2012 sobre vivienda de interés social y al Decreto 1077 de 2015 del Sistema Nacional de Información de Agua y Saneamiento Básico.
Según proyecciones de la Gobernación basadas en los censos del DANE 2024, el proyecto beneficiará directamente a aproximadamente 5.000 hogares, distribuidos en un 70% en zonas rurales y 30% en urbanas. La iniciativa concentra esfuerzos en municipios estratégicos para la cobertura del programa, asegurando la participación de las administraciones locales en la ejecución y supervisión de los proyectos de vivienda.
El enfoque de la ordenanza prioriza a madres y padres comunitarios, cuidadores del ICBF, mujeres cabeza de familia y poblaciones étnicas, con el objetivo de garantizar un acceso equitativo a vivienda digna y fortalecer la calidad de vida de familias en situación de vulnerabilidad. El articulado subraya la importancia de la coordinación interinstitucional para lograr resultados efectivos y sostenibles.
La Gobernación administrará los recursos asignados, mientras que la Asamblea ejercerá veeduría para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la ordenanza. La puesta en marcha será gradual, permitiendo ajustar los mecanismos de subsidio y los créditos blandos según la disponibilidad presupuestal y las necesidades detectadas en los municipios participantes.
El proyecto prevé colaboración directa con las alcaldías para la ejecución local, garantizando que la distribución de subsidios y los incentivos fiscales lleguen a los hogares priorizados. Esto permitirá un seguimiento cercano y la identificación de ajustes necesarios para optimizar la eficacia de la política pública.
El diputado Harry Canedo Acosta ha centrado su carrera legislativa en iniciativas que combinan política social y desarrollo comunitario. Su liderazgo en la ponencia de esta ordenanza refuerza su enfoque en proyectos con impacto directo en la vida de los ciudadanos, consolidando la relación entre la Asamblea Departamental y las comunidades beneficiarias. La ordenanza 0030 de 2025 representa, según su planteamiento, un esfuerzo por dignificar la vivienda y reconocer la labor de quienes trabajan por la primera infancia y el bienestar de familias en situación de vulnerabilidad.
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Con la aprobación en segundo debate, la ordenanza se posiciona como un elemento central en la agenda de política social del Atlántico para 2026. Su sanción y ejecución marcarán el inicio de un proceso que busca consolidar la infraestructura habitacional para familias vulnerables y fortalecer la coordinación interinstitucional en los municipios del departamento.
La medida será monitoreada por la Asamblea y la Gobernación, evaluando la correcta implementación de subsidios y créditos, así como la efectividad de los incentivos fiscales y los apoyos a cooperativas de construcción. El seguimiento permitirá generar información verificable sobre el impacto real en los hogares beneficiarios, asegurando que la política pública cumpla con los objetivos planteados por el diputado Canedo y la Asamblea.
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