Colombia – La Corte Suprema de Justicia ordenó un operativo de allanamiento en la lujosa residencia del ministro del Interior, Armando Benedetti, ubicada en la exclusiva urbanización Lagos de Caujaral, en Puerto Colombia. La medida judicial se produce en el marco de uno de los procesos penales activos contra el funcionario, por presuntos delitos de interés indebido en la contratación y tráfico de influencias en operaciones del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).
Decenas de policías especializados ejecutaron el procedimiento tanto dentro como fuera del inmueble, asegurando que se cumplieran los protocolos legales establecidos. Testigos del operativo confirmaron que se llevaron a cabo revisiones exhaustivas de documentación y registros financieros, siguiendo las instrucciones de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema.
"La documentación incautada permitirá a la Corte avanzar en la investigación y determinar la posible implicación del ministro en irregularidades contractuales", indicó un vocero de la Corte, solicitando reserva de identidad por motivos de seguridad.
El ministro Benedetti denunció el operativo como un abuso de poder y cuestionó la actuación de la magistrada Lombana. A través de un mensaje en sus redes sociales, expresó que la magistrada estaría persiguiéndolo de manera obsesiva y afirmó que no habría encontrado pruebas de delitos por su parte: "En este momento denuncio que están allanando mi hogar en un abuso de poder de la demente y delincuente ‘magistrada’ Lombana", escribió.
En su pronunciamiento, Benedetti aseguró que la Corte Suprema solo investiga a los congresistas, y que hace más de tres años dejó el cargo, por lo que no podría ser objeto de investigaciones por hechos recientes de 2023, 2024 y 2025. Además, señaló que la magistrada habría recurrido a la investigación financiera de familiares y allegados, incluyendo menores de edad, lo que constituye un punto de discusión sobre la extensión de las facultades judiciales en este caso.
Contexto del proceso judicial
El procedimiento se inscribe dentro de un proceso penal que la Corte Suprema de Justicia mantiene abierto contra Benedetti. Los presuntos delitos se relacionan con la gestión de recursos del Fonade y la influencia en contrataciones estatales durante su ejercicio como congresista y actual ministro del Interior. Según la normativa, la Sala de Primera Instancia tiene competencia para ordenar medidas cautelares, como el allanamiento, para asegurar la integridad de la investigación y la preservación de evidencia.
Fuentes judiciales confirmaron que se trata de un operativo rutinario dentro de los estándares legales de la Corte, aunque la magnitud del despliegue policial ha llamado la atención de la opinión pública debido a la ubicación de la residencia y la participación de decenas de funcionarios de seguridad.
El ministro ha anunciado que acudirá a instancias internacionales para denunciar lo que considera una persecución sistemática y desproporcionada: "Espero que los magistrados de la Corte Suprema le pongan atención a la persecución desatada y obsesionada que la magistrada Lombana ha desatado en contra mía sin una sola prueba, sin un solo testigo", afirmó.
Durante el operativo, se procedió a la incautación de documentos y soportes digitales que serán evaluados por la Corte. La fiscalía acompañó la diligencia para asegurar la legalidad de la acción y el resguardo de los derechos del investigado. La Corte, por su parte, no ha emitido pronunciamiento adicional más allá de la orden judicial que autorizó el allanamiento.
Testimonios recogidos en el lugar indican que los agentes procedieron con profesionalismo, manteniendo la discreción y evitando la exposición mediática directa del personal y los residentes. El operativo duró varias horas y se centró en la recopilación de evidencia documental, registros electrónicos y contratos relacionados con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo.
En redes sociales, la denuncia de Benedetti generó amplia repercusión. El ministro hizo énfasis en la supuesta manipulación de información y persecución judicial hacia él y su familia, mencionando procesos y advertencias previas de personas relacionadas con investigaciones sobre montajes judiciales. Aunque sus declaraciones son de carácter subjetivo, se incluyen como parte de la versión del investigado dentro de la cobertura informativa.
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La Corte Suprema tiene la facultad de ordenar medidas cautelares y diligencias de allanamiento cuando existen indicios de que se puedan destruir evidencias o cuando la investigación requiere acceso a documentos o bienes específicos. Este caso, por la naturaleza de los cargos y la posición del ministro, ha captado atención nacional y será objeto de seguimiento por medios de comunicación especializados en judiciales.
La orden de allanamiento, ejecutada el día de hoy, subraya la independencia de la Corte y la importancia de preservar la integridad de los procesos penales en curso, garantizando a su vez los derechos fundamentales de los implicados, como la presunción de inocencia y el debido proceso.
Expertos en derecho penal comentan que el procedimiento se ajusta a los protocolos establecidos en la legislación colombiana para investigaciones sobre corrupción y tráfico de influencias, especialmente cuando involucra a altos funcionarios públicos y contratos estatales de gran magnitud.
En conclusión, el operativo de hoy representa un paso concreto dentro del desarrollo del proceso judicial contra el ministro Armando Benedetti, combinando diligencias legales verificables con la reacción pública del investigado. La investigación continuará bajo la supervisión de la Corte Suprema, mientras la opinión pública sigue de cerca los avances del caso.
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