Colombia– El Tribunal Superior de Bogotá impuso medida de aseguramiento en centro de reclusión contra Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE). Es señalado de haber ordenado pagos de coimas a dos congresistas mediante contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos por cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. González Merchán no aceptó los cargos. Sin embargo, el magistrado emitió medida de aseguramiento por los dos primeros delitos y ordenó su captura.
Según la investigación adelantada por dos fiscales de la Unidad de Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, los hechos ocurrieron entre septiembre y octubre de 2023. En ese periodo, González Merchán habría determinado al entonces director de la UNGRD, Olmedo López Martínez, para direccionar contratos de la entidad.
El propósito, de acuerdo con la Fiscalía, era obtener recursos ilícitos con destino a los expresidentes del Congreso. Estos son Iván Leonidas Name Vásquez, presidente del Senado de la República en ese momento, y Andrés David Calle Aguas, quien presidía la Cámara de Representantes.
“Ante retrasos en la contratación al interior de la UNGRD, González Merchán ordenó a Olmedo López Martínez la entrega de 4.000 millones de pesos en efectivo a los dos congresistas”, señaló la Fiscalía en audiencia. De ese monto, tres mil millones habrían sido destinados para Iván Name y mil millones para Andrés Calle.
El dinero se habría transportado por orden directa del exdirector del DAPRE. Según el ente acusador, González Merchán determinó a Sandra Liliana Ortiz Nova para llevar los tres mil millones de pesos dirigidos a Iván Leonidas Name Vásquez.
Los recursos estaban relacionados con un contrato de compra de 40 carrotanques. Estos vehículos tenían como objetivo suministrar agua potable a comunidades indígenas del departamento de La Guajira, uno de los territorios con mayores problemáticas de acceso al agua potable en Colombia.
La Fiscalía argumentó que González Merchán podría interferir en la investigación, afectando a otros intervinientes. Además, consideró posible su no comparecencia en las siguientes etapas del proceso penal. Por estas razones, solicitó la medida de aseguramiento privativa de la libertad.
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La defensa del exdirector del DAPRE apeló la decisión. También lo hizo la Fiscalía, que insistió en la gravedad de los hechos. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá deberá resolver las apelaciones en los próximos días.
Olmedo López Martínez, exdirector de la UNGRD, está igualmente vinculado al proceso. Fue señalado como quien ejecutó las órdenes de González Merchán para garantizar los pagos de las supuestas coimas.
Por su parte, los congresistas Iván Name y Andrés Calle han negado haber recibido dinero de contratos de la UNGRD. Ambos han reiterado su disposición para atender requerimientos de la justicia y aportar información en el caso.
La UNGRD se encuentra bajo intervención administrativa desde inicios de 2024. La Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación mantienen abiertos procesos de control fiscal y disciplinario por los mismos hechos investigados penalmente.
Este caso ha reavivado los debates sobre corrupción en la contratación pública. También sobre los controles en la ejecución de recursos destinados a emergencias humanitarias, como la crisis de acceso a agua potable en La Guajira.
Mientras avanza el proceso penal, los organismos de control continúan la revisión de otros contratos de la UNGRD suscritos entre 2022 y 2024. La Fiscalía ha anunciado nuevas imputaciones contra exfuncionarios y contratistas que habrían participado en la presunta red de corrupción.
El tribunal aún no ha fijado fecha para la audiencia de solicitud de revocatoria o confirmación de la medida de aseguramiento. González Merchán permanecerá recluido hasta que se determine su situación jurídica definitiva.
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