Barranquilla D.E.I.P. - La situación de la empresa Air-e, encargada de la distribución de energía en Atlántico, La Guajira y Magdalena, ha tomado un giro alarmante luego de la presentación del primer informe diagnóstico realizado por el agente especial designado por la Superintendencia de Servicios Públicos, Edwin Palma. El informe, que consta de 704 páginas, expone una serie de irregularidades graves que afectan tanto la operatividad de la empresa como la calidad del servicio que brindan a miles de usuarios.
Uno de los puntos más destacados del informe se refiere a los incumplimientos en los contratos de energía, lo que ha desencadenado graves problemas tanto financieros como operativos. El agente Palma identificó un desorden en la contabilidad y en la contratación con terceros, lo que ha afectado de manera directa la ejecución del plan de inversiones aprobado para los años 2023 y 2024. Este escenario ha desencadenado una serie de complicaciones adicionales, incluyendo la imposibilidad de cumplir con el reconocimiento tarifario, lo que agrava aún más la situación.
Entre los hallazgos más críticos se encuentra el deterioro patrimonial severo de la empresa, que se refleja en pérdidas acumuladas que suman un desbalance financiero de 1.9 billones de pesos. De acuerdo con el informe, este desajuste financiero ha impedido que Air-e genere los recursos necesarios para garantizar la continuidad de sus operaciones. Esto se ha visto reflejado en una incapacidad para cumplir con sus obligaciones de pago, 
lo que ha derivado en la suspensión de varios procesos ejecutivos y una mayor exposición a la bolsa, especialmente con el aumento de los precios de la energía en el mercado.
Otro hallazgo que ha generado gran preocupación es el manejo de los racionamientos de energía. Según el informe, se encontraron múltiples casos en los que las interrupciones del servicio fueron anunciadas como "mantenimientos", cuando en realidad no existía una justificación técnica para ello. Esto afectó de manera significativa tanto a los usuarios residenciales como al sector productivo, generando inconformidades y una disminución en la confianza de la comunidad hacia la empresa. El interventor Edwin Palma explicó que las interrupciones carecían de la debida justificación técnica y se informaron de manera errónea como mantenimientos o “lavados” en las redes de media tensión, lo que generó consecuencias operativas graves.
Además de estos problemas operativos, el informe también destaca la deficiencia en el sistema de facturación y la violación de los derechos fundamentales de los usuarios, lo que ha generado un clima de insatisfacción y desconfianza. Las "mediciones estimadas" y el uso indebido del sistema de totalizadores son solo algunos de los problemas que afectan la relación de Air-e con sus clientes. En muchos casos, los usuarios del mercado subnormal enfrentan dificultades para acceder a programas de normalización de redes, lo que agrava aún más la situación.
Desde el punto de vista jurídico, la empresa también se enfrenta a un sinnúmero de acciones legales, incluidos 21 procesos ejecutivos suspendidos por la intervención, que implican montos superiores a los 69 mil millones de pesos. La empresa no solo ha incumplido con el pago de sus proveedores, sino que también ha acumulado intereses moratorios en los contratos de recaudo de alumbrado público, lo que agrava aún más la situación financiera de la compañía. Además, se han identificado numerosos contratos incumplidos, en los cuales Air-e se comprometió a generar energía que finalmente no pudo cumplir, lo que ha generado repercusiones económicas y jurídicas importantes.
El impacto de la crisis financiera de la empresa también se refleja en la baja ejecución del plan de inversiones, lo que ha resultado en un incremento en las interrupciones del servicio, especialmente entre enero y julio de 2023 y 2024. En este período, se presentó un aumento significativo en la duración promedio de las interrupciones percibidas por los usuarios, lo que afectó gravemente la calidad del servicio. En algunos casos, incluso se identificaron usuarios con interrupciones de hasta 360 horas, lo que evidencia el deterioro de la infraestructura y la falta de gestión en la ejecución de los proyectos de normalización eléctrica.
En cuanto a la gestión comunitaria, se ha identificado una clara ruptura entre la administración de Air-e y los usuarios, lo que se traduce en una baja respuesta a las quejas, peticiones y reclamos. La falta de soluciones efectivas en cuanto a la normalización de redes y la escasa atención a los programas de responsabilidad social empresarial son solo algunas de las áreas que se deben abordar para recuperar la confianza de los usuarios. El informe también menciona el impacto del ciberataque sufrido por la empresa, que ha dificultado el cumplimiento de sus obligaciones regulatorias y operativas, poniendo en riesgo la continuidad del negocio.
Ante este panorama, el agente especial Palma ha solicitado el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiera (UIAF) para seguir de cerca la auditoría forense que se ha dispuesto al sistema contable y financiero de la compañía. Esta auditoría será clave para determinar los pasos a seguir en el proceso de toma de posesión de la empresa, que podría incluir desde la administración temporal hasta la posible liquidación de Air-e.
El proceso de toma de posesión comenzó en septiembre de 2024, luego de que el Gobierno Nacional determinara que la empresa no contaba con la capacidad técnica, operativa, administrativa ni financiera para continuar brindando el servicio eléctrico en la región Caribe. De acuerdo con el agente Palma, uno de los principales objetivos de la intervención es estabilizar el servicio eléctrico y promover una transición energética hacia fuentes renovables, como la energía solar, con el fin de reducir los precios de la energía en la región y mejorar la calidad del servicio.
Este informe preliminar de la intervención de Air-e es solo el inicio de un proceso complejo que determinará el futuro de la empresa y su capacidad para seguir prestando el servicio de energía en la región. La Superintendencia de Servicios Públicos deberá tomar decisiones cruciales en los próximos días para garantizar la estabilidad y sostenibilidad del servicio, que afecta a millones de usuarios en el Caribe colombiano.
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