Al mejor estilo de la película Los Ilusionistas, en la que el eslogan reza "nada es lo que parece", el reciente acto entre el Congreso de la República y el presidente Gustavo Petro para aprobar el presupuesto de 523 billones de pesos nos deja perplejos. Se nos ha vendido la idea de que el Congreso está en oposición al presidente, cuando en realidad han logrado validar, sin debate alguno, un presupuesto que se ha calificado como desfinanciado.
El Congreso ha optado por no someter a discusión el articulado presentado por el gobierno. Esto plantea una seria preocupación: si el presupuesto está amarrado a la aprobación de la reforma tributaria, como afirma el presidente del Congreso, la falta de claridad sobre cómo se obtendrán los recursos para financiarlo es alarmante. El riesgo de que el gobierno apruebe el presupuesto por decreto, dado que el Congreso no lo ha debatido, es un claro indicativo de una falta de responsabilidad en el ejercicio de sus funciones.
Lo más sorprendente es que el presidente del Congreso asegura tener los votos suficientes para aprobar esta reforma por "pupitrazo". Esta práctica no solo desdibuja la legitimidad del proceso, sino que también denota un desprecio por el debate democrático. Los nuevos impuestos que se propondrán no deberían ser aprobados sin un análisis profundo.
Si el Congreso se excusa en la desfinanciación del presupuesto y elude su deber de discutirlo a fondo, la situación se vuelve aún más crítica. El artículo 346 de la Constitución señala que el presupuesto debe ser presentado por el presidente y que cada partida debe estar debidamente justificada. Sin embargo, el Congreso parece haber caído en un acuerdo que, en lugar de defender los derechos financieros de los colombianos, opta por aprobar un presupuesto que podría traer graves problemas económicos.
El autogol del Congreso es claro: se han hecho cómplices de un acto que engaña a la opinión pública, haciéndole creer que están protegiendo los intereses de los ciudadanos. No se trata solo de aprobar un número; se trata de asegurar que el presupuesto refleje las necesidades reales del país y que esté sustentado en una lógica financiera viable.
Es momento de que los ciudadanos levanten la voz. La democracia requiere que los representantes actúen con seriedad y con la mirada puesta en el bienestar del país, no en la comodidad de evitar el debate. No podemos permitir que se reduzca la discusión sobre el futuro económico de nuestra nación a un acto de magia política, donde el presidente se queda con el presupuesto, mientras el Congreso busca eludir la responsabilidad.
Como ciudadanos, debemos exigir claridad y transparencia en el manejo de nuestros recursos. La aprobación del presupuesto debe ser un proceso inclusivo, que involucre a todos los sectores y no un simple acto formal que deja de lado el debate. El futuro económico de Colombia está en juego, y el Congreso debe actuar como un verdadero guardian de los intereses de la nación, no como un cómplice en un juego de ilusiones.
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