Colombia - El presidente Gustavo Petro, en un evento celebrado en Armenia, Quindío, denunció que está siendo objeto de un golpe de Estado, el cual, según su afirmación, estaría ejecutándose mediante una “instancia administrativa ilegítima”. Durante su intervención, el mandatario comparó la situación con su destitución en 2013, cuando fue removido de su cargo como alcalde de Bogotá por el entonces Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez.
Según Petro, esta nueva maniobra no está siendo llevada a cabo por las fuerzas militares, como ha ocurrido en otros países de la región, sino a través de mecanismos legales y administrativos. El presidente argumenta que se estaría intentando anular el fuero constitucional que protege a su figura como jefe de Estado, y que el proceso judicial que enfrenta carece de legitimidad. La afirmación se refiere a una serie de fallos emitidos por tres magistrados, que, según Petro, no tienen la competencia para juzgarlo. “Es un golpe de Estado a la colombiana”, sostuvo, sin presentar pruebas directas para sustentar su denuncia.
Las palabras del mandatario surgen en un contexto en el que su campaña presidencial está siendo investigada por presuntamente violar los topes de financiación establecidos por la ley electoral. Estas acusaciones han generado un clima de incertidumbre política, pero Petro ha desviado la atención hacia lo que considera un intento de desestabilizar su gobierno por medios no democráticos.
En su discurso, Petro también señaló a los grandes medios de comunicación del país, acusándolos de actuar en connivencia con sectores tradicionales del poder para debilitar su gobierno. Según el mandatario, dichos medios estarían ejecutando una campaña para restarle apoyo popular a su gestión. “Los grandes medios de comunicación hacen un esfuerzo diario para quitarle a este gobierno el apoyo popular”, afirmó, mientras destacaba la importancia de la comunicación alternativa para dar visibilidad a lo que considera los logros de su administración.
Petro indicó que la reducción de apoyo popular facilitaría la ejecución de un golpe de Estado a través de mecanismos políticos, como los que podrían activarse desde la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Este órgano es el encargado de investigar y procesar a altos funcionarios del gobierno, incluidos los presidentes en ejercicio, y ha estado en el centro de las discusiones políticas recientes.
Durante su intervención, Petro recordó su victoria electoral en 2022, resaltando que fue producto del respaldo de los jóvenes que, según él, votaron por el cambio y rechazaron la violencia y la corrupción. El mandatario subrayó la importancia de mantener el apoyo de este sector de la población como una defensa ante los intentos de deslegitimar su mandato. “Más de un millón de jóvenes, que no querían más masacres ni un país hundido en la muerte, me dieron la victoria”, afirmó.
En este contexto, el presidente llamó a la movilización popular para defender la Constitución de 1991 y la democracia en Colombia, destacando que la participación activa de la ciudadanía es crucial para contrarrestar los ataques a su gobierno. El mandatario indicó que la movilización no se debe limitar a marchas o protestas, sino que debe implicar la toma de control de espacios de poder, entre ellos los medios de comunicación, para garantizar que la voz del pueblo sea escuchada.
La declaración de Petro ha suscitado diversas reacciones en el ámbito político colombiano. Mientras algunos sectores de la población lo respaldan, señalando la importancia de evitar una repetición de los eventos que lo destituyeron como alcalde, otros cuestionan la falta de pruebas presentadas por el presidente. Los críticos consideran que sus declaraciones buscan distraer la atención de las investigaciones sobre la financiación de su campaña presidencial, en las que se le acusa de superar los topes permitidos.
Los medios de comunicación tradicionales, acusados por el presidente de estar detrás de esta supuesta conspiración, han respondido afirmando que continuarán cubriendo los hechos conforme se desarrollen. Hasta el momento, la Comisión de Acusaciones no ha emitido ningún pronunciamiento oficial respecto a los señalamientos del presidente Petro, y las investigaciones siguen su curso sin mayores novedades.
Mientras tanto, el panorama político en Colombia permanece incierto y cargado de tensiones, a la espera de cómo se desarrollarán los acontecimientos relacionados con las investigaciones en curso y las afirmaciones del presidente sobre un posible golpe de Estado.
