Colombia - El presidente Gustavo Petro ha sacudido el escenario político nacional al tomar la decisión de destituir al secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, acusándolo de desobedecer sus directrices. Esta medida se produce después de que Salazar emitiera tres resoluciones que revocan las decisiones tomadas por el canciller suspendido, Álvaro Leyva, en relación con la licitación de pasaportes.
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En un comunicado emitido a través de su cuenta de X (antes Twitter), el presidente Petro expresó: "El secretario general de la Cancillería nos ha traicionado. Se firma su insubsistencia inmediata. El contrato es corrupto y aquí está metida la capacidad de la empresa particular en todos los procesos de Thomas Greg & Sons y en la monopolización de todos los datos privados en una sola empresa privada." Esta declaración no solo refleja la indignación del presidente, sino también su firme compromiso en la lucha contra la corrupción en el ámbito gubernamental.
El presidente Petro había ordenado previamente que la licitación para la expedición de pasaportes y visas garantizara la pluralidad de oferentes y la igualdad de condiciones. Sin embargo, la adjudicación del contrato a la Unión Temporal Pasaporte 2023, representada por Thomas Greg & Sons, parece contradecir estas directrices.
José Antonio Salazar defendió su decisión: argumentó que su actuación estaba enmarcada dentro de la legalidad y el cumplimiento de las leyes colombianas, por encima de cualquier directriz presidencial. "Insisto que por encima de cualquier instrucción de cualquier autoridad está el cumplimiento de la Constitución, el cumplimiento de la ley, la ley contractual. Después de un procedimiento lícito que surte con transparencia, ordena evaluar el informe final y proceder a la implicación del contrato", afirmó Salazar.
El contrato en cuestión, valuado en 600.000 millones de pesos, ha sido objeto de escrutinio público, especialmente después de la suspensión temporal del canciller Leyva por parte de la Procuraduría, por las posibles irregularidades que se presentaron durante el proceso para la licitación de pasaportes. La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que el canciller habría incurrido en dos faltas disciplinarias, calificadas de manera provisional como gravísimas cometidas a título de dolo, la primera al declarar desierta la licitación 001 de 2023 sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal. En segundo lugar, el organismo de control profirió cargos al ministro por supuestamente decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación.
A pesar de la incertidumbre sobre el futuro del contrato con Thomas Greg & Sons, Salazar ha afirmado que la adjudicación se mantiene. Sin embargo, la controversia persiste y se espera que las investigaciones penales arrojen luz sobre este asunto.
