Nueva York, Estados Unidos — El Consejo de Seguridad de la ONU celebró una reunión de emergencia para debatir la legalidad de la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, pero la sesión cerró sin ninguna decisión, resolución ni acción concreta, reflejando las profundas divisiones entre sus miembros permanentes.
La sesión tuvo lugar el 5 de enero de 2026 en la sede de las Naciones Unidas y se convirtió en la primera reunión formal del Consejo en el año. El encuentro fue convocado tras una solicitud presentada el 4 de enero por Colombia y se desarrolló bajo la presidencia rotativa mensual de Somalia, en un contexto de alta tensión internacional.
Desde el inicio, el debate giró en torno a la legalidad de la operación estadounidense, específicamente por la ausencia de autorización previa del Consejo de Seguridad, la falta de consentimiento del Estado venezolano y el cuestionamiento sobre si la acción podía considerarse un acto de legítima defensa conforme a la Carta de la ONU.
El secretario general de la ONU, António Guterres, intervino a través de un mensaje leído por la subsecretaria general Rosemary DiCarlo. En su declaración, expresó “profunda alarma” por la operación y advirtió que se establece un “precedente peligroso” para el orden internacional, subrayando que “el poder de la ley debe prevalecer”.
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Guterres insistió en el respeto pleno a la soberanía nacional, la independencia política y la integridad territorial de los Estados, y llamó a evitar una intensificación de la inestabilidad en Venezuela y en la región. Su intervención marcó el tono institucional del debate y fue citada por varios miembros como marco jurídico central.
Estados Unidos defendió su actuación a través de su embajador Mike Waltz, quien rechazó que se tratara de un cambio de régimen o una agresión militar. Waltz describió la operación como “quirúrgica de aplicación de la ley facilitada por el ejército estadounidense contra dos fugitivos indiciados de la justicia americana” y sostuvo que “esto no es cambio de régimen, es justicia”.
El representante estadounidense enfatizó la ilegitimidad del gobierno de Nicolás Maduro, al que calificó como “dictador ilegítimo”, y recordó los cargos de narcoterrorismo formulados por la justicia estadounidense en 2020, así como las denuncias sobre elecciones fraudulentas en 2024.
La respuesta de Venezuela fue inmediata y contundente. Su embajador ante la ONU, Samuel Moncada, calificó la acción como un “ataque armado ilegítimo sin justificación legal” y denunció el “secuestro” del presidente constitucional Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores. Moncada sostuvo que la operación constituye una violación flagrante de la Carta de la ONU y de los principios de no intervención.
Colombia, como solicitante principal de la reunión, condenó la operación militar unilateral de Estados Unidos y la describió como una violación de la soberanía venezolana. En el Consejo, sus representantes subrayaron la necesidad de soluciones pacíficas y el respeto al derecho internacional, sin respaldar la legitimidad del gobierno de Maduro.
La posición colombiana se alineó con declaraciones previas del presidente Gustavo Petro, quien había rechazado la “agresión contra la soberanía de Venezuela y de América Latina” y había llamado a activar mecanismos multilaterales para reducir la escalada.
China y Rusia reforzaron el bloque crítico frente a la acción estadounidense. China condenó la operación como un “uso flagrante de la fuerza” contra un Estado soberano y expresó “profunda conmoción”, mientras exigió el cese inmediato de las hostilidades. Rusia, por su parte, describió la operación como una violación grave de la Carta de la ONU y respaldó las demandas de liberación de Maduro.
Cuba también intervino con un tono duro. Su embajador Ernesto Soberón Guzmán calificó el operativo como una “agresión imperialista y fascista” sin justificación legal, en una de las intervenciones más confrontacionales de la sesión.
Un Consejo dividido y sin resolución
Pese a la intensidad del debate, el Consejo de Seguridad no adoptó ninguna resolución. Las divisiones entre los miembros permanentes, con vetos probables de Estados Unidos, impidieron alcanzar un texto consensuado, confirmando el bloqueo político del órgano frente a crisis de alta sensibilidad geopolítica.
La mayoría de las intervenciones condenaron la unilateralidad de la operación y pusieron el foco en la soberanía y en la prohibición del uso de la fuerza sin autorización del Consejo. Sin embargo, no se registraron declaraciones explícitas de apoyo total a la captura de Maduro o a los bombardeos dentro de la sesión.
La reunión contó con la participación de nuevos miembros no permanentes del Consejo, entre ellos Bahréin, Colombia, República Democrática del Congo, Letonia y Liberia, lo que marcó un estreno cargado de tensiones para el nuevo periodo.
Bajo la regla 37 del Consejo, se esperaban o se confirmaron intervenciones de países como, Brasil y México, que expresaron condenas a las acciones unilaterales y reiteraron la importancia del multilateralismo y del respeto al derecho internacional.
Apoyos parciales y lecturas externas
Fuera del Consejo, algunas posiciones mostraron acuerdos parciales con el resultado de la operación, aunque sin respaldar abiertamente el método militar. Francia calificó la salida de Maduro como una “buena noticia para los venezolanos”, mientras objetó la incursión por violar el principio de no uso de la fuerza.
El Reino Unido adoptó un tono similar al señalar que no lamenta el fin del régimen de Maduro, reiterando su compromiso con el derecho internacional sin condenar explícitamente la acción. Estonia puso el acento en la necesidad de estabilidad y transición democrática tras la salida del mandatario venezolano.
Otros países no miembros del Consejo, como El Salvador y Ecuador, expresaron respaldo a la operación en declaraciones paralelas, aunque no intervinieron directamente en la sesión del 5 de enero.
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En el trasfondo del debate, varios participantes compararon la situación con precedentes históricos como Panamá en 1989, un caso que fue condenado por la ONU y que volvió a citarse como referencia sobre el uso unilateral de la fuerza.
La sesión cerró sin acuerdos formales, pero con un mensaje reiterado sobre los riesgos de escalada regional y sobre el impacto que este tipo de operaciones puede tener en las relaciones interestatales. La falta de resolución dejó en evidencia las limitaciones del Consejo para actuar de manera unificada frente a acciones militares de potencias con poder de veto.
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