Colombia – Un ciudadano colombiano fue retenido por la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) tras ser solicitado por Lituania por los delitos de espionaje y terrorismo, junto con otros cargos asociados. La captura fue posible gracias a investigaciones de la Oficina Central Nacional (OCN) Bogotá, que determinó su ubicación y movimientos recientes.
INTERPOL explicó que la Notificación Roja, utilizada en este caso, no es una orden de captura en sí misma, sino un mecanismo internacional de alerta que solicita la localización y detención provisional de una persona con fines de extradición o imputación, dependiendo del sistema judicial de cada país miembro. Estas notificaciones permiten la cooperación efectiva entre países, acelerando procesos que antes podían tardar años.
El capturado, cuya identidad no fue revelada, habría ingresado a Siauliai, Lituania, en septiembre de 2024, procedente de Rusia, con el objetivo de realizar labores de inteligencia en una empresa de drones que provee tecnología militar al conflicto de Ucrania. Según autoridades lituanas, inspeccionó instalaciones internas y externas de la compañía para transmitir información a los presuntos organizadores de un atentado terrorista. Finalizada su misión, se desplazó a Noruega.
Este caso refleja la cooperación internacional sostenida entre Colombia e INTERPOL. El país mantiene desde hace más de dos décadas una activa participación en operativos conjuntos contra delincuencia transnacional, narcotráfico, lavado de activos, trata de personas y, en menor proporción, terrorismo. La Oficina Central Nacional en Bogotá ha logrado en los últimos cinco años la retención de al menos 37 personas solicitadas por otros países bajo Notificación Roja.
La Policía Nacional de Colombia destacó que esta retención fue posible gracias al intercambio constante de información con agencias europeas de inteligencia y seguridad, además de la cooperación diplomática y judicial. Según el comunicado oficial, no se registraron alteraciones de orden público durante la operación de captura, que se ejecutó bajo protocolos internacionales de seguridad para personas requeridas por delitos de alta gravedad.
Actualmente, el ciudadano permanece bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, a la espera de la documentación oficial de extradición que enviarán las autoridades de Lituania por vía diplomática. La ley colombiana establece que el país tiene un plazo máximo de cinco días hábiles para expedir la orden de captura con fines de extradición, después de recibir la solicitud formal.
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Los procesos de extradición en Colombia, regulados principalmente por la Ley 906 de 2004 y tratados internacionales vigentes, implican revisión judicial de las pruebas y garantías procesales antes de que la Cancillería autorice el traslado del requerido. En el último año, Colombia ha aprobado más de 50 extradiciones hacia Norteamérica y Europa, la mayoría por narcotráfico, homicidio y abuso sexual de menores. Este nuevo caso, por terrorismo y espionaje, es poco frecuente en las estadísticas nacionales.
Autoridades lituanas informaron que la organización criminal a la que pertenecería el retenido estaría involucrada en incendios y atentados en instalaciones estratégicas de varios países europeos, aunque no especificaron el nombre del grupo ni su nivel de operación transnacional. Tampoco se ha confirmado si mantiene nexos con estructuras terroristas de mayor alcance.
INTERPOL mantiene más de 7.500 Notificaciones Rojas activas alrededor del mundo. Estas se emiten cuando un Estado miembro solicita la cooperación para localizar y detener a una persona acusada o condenada por un delito grave. Colombia es uno de los países con mayor número de respuestas positivas a estas notificaciones, gracias a su ubicación geográfica estratégica y su papel activo en seguridad regional.
El proceso continúa bajo reserva mientras avanzan las diligencias judiciales, sin que hasta ahora se conozca la fecha en la que el capturado será presentado ante un juez de control de garantías para legalizar su retención y definir el procedimiento de extradición.
