Barranquilla D.E.I.P - Daysuris Vásquez, exesposa del hijo mayor del presidente Gustavo Petro, ha logrado reunir los $40 millones necesarios para avanzar en el proceso judicial que la enfrenta a cargos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, lavado de activos y uso de datos personales. Este giro en la situación legal de Vásquez, que se desarrolla en Barranquilla, marca un momento crítico en su relación con la justicia.
La exnuera del presidente había solicitado un aplazamiento de la audiencia a mediados de enero, argumentando la falta de recursos. No obstante, según informes de Blu Radio, finalmente ha logrado reunir la suma requerida como acción de reintegro del supuesto incremento patrimonial injustificado.
La falta de estos recursos económicos previamente llevó a Vásquez a solicitar el aplazamiento de la audiencia el 14 de enero. Sin embargo, con los $40 millones reunidos, la audiencia programada para la mañana de este martes 30 de enero podría tener un impacto significativo en su trayectoria legal y su conexión con el entorno político.
La exesposa de Nicolás Petro busca la legalización del principio de oportunidad, un acuerdo que le garantizaría inmunidad total por dos años. Este pacto incluye compromisos relacionados con la entrega de pruebas e información para la posible judicialización de Nicolás Petro y otros presuntamente implicados en delitos asociados al enriquecimiento ilícito.
A pesar de la importancia del principio de oportunidad, se espera oposición en la diligencia prevista para la mañana de este martes 30 de enero. Tres datos esenciales fundamentan esta oposición y marcan la controversia política en torno a este caso.
En primer lugar, Daysuris Vásquez ha completado la reintegración de los $40 millones correspondientes al 50% del incremento patrimonial ilícito que ella misma confesó. Estos fondos, según establece el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, deben ser consignados a la Gobernación de Atlántico, dado que fueron obtenidos a través de contratos irregulares con esa entidad.
En segundo lugar, el fiscal Mario Burgos aún no ha devuelto los $24 millones incautados a Laura Ojeda el día de la captura de Nicolás Petro. Aunque en la audiencia de acusación el fiscal afirmó que no hay bienes sujetos a comiso en ese proceso, este hecho genera interrogantes en el ámbito político.
La tercera razón de oposición se centra en que la Fiscalía no ha resuelto la recusación contra el fiscal Mario Burgos. La presunta omisión de presentar un escrito de acusación o preclusión en el caso de Days Vásquez, bajo el argumento de tramitar un principio de oportunidad, ha suscitado críticas y cuestionamientos sobre la integridad del proceso.
El desenlace de la audiencia y la resolución de estos elementos clave definirán no solo el destino legal de Daysuris Vásquez, sino también el posible impacto político en otros actores involucrados en este complejo proceso judicial en Barranquilla.
