Barranquilla – En el marco del Congreso de Petróleo, Gas y Energía de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet) llamó la atención la presencia de asistentes con camisetas alusivas a la defensa del país y de la industria petrolera. Se trataba de miembros de la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia (UTIPEC). Ese mensaje dio pie a conversar con Alejandro Ospina, presidente de la organización sindical, quien explicó el rol de UTIPEC y sus objetivos en medio de la coyuntura energética y laboral que atraviesa el país.
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UTIPEC no es una organización reciente. Según sus documentos institucionales, la agrupación sostiene más de una década de actividad y reivindica más de 11 años de “paz laboral” en empresas del sector. En la entrevista, Ospina también afirmó que llevan 14 años garantizando convenciones estables en ciertas compañías, un dato que la organización registra en su historia institucional.
“El modelo que proponemos es constructivo: el trabajador y el empleador son interdependientes”, dijo Ospina en Barranquilla. “Defender el empleo es también defender a la empresa; si la compañía se quiebra, todos pierden”, agregó. La frase sirvió para resumir la línea de acción que el sindicato quiere impulsar: negociación colaborativa y acuerdos que busquen sostenibilidad empresarial y condiciones laborales estables.
El origen de UTIPEC, según sus dirigentes, está marcado por episodios de confrontación. Ospina rememoró el caso de Pacific Rubiales en 2011: “nos bloquearon el principal campo, nos quemaron el campamento, hubo heridos y hasta un muerto”, relató, y añadió que esos hechos impulsaron a los trabajadores a organizarse en una alternativa propia con representación mayoritaria en sus empresas. Esta narrativa aparece reflejada en la documentación pública del sindicato.
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El centro de la preocupación pública, según Ospina, es un proyecto de decreto que prepara el Ministerio de Trabajo y que, en su opinión, cambiaría la modalidad de negociación colectiva. “Hoy la negociación se limita a la unidad de empresa; este proyecto abre la puerta a la negociación por grupos empresariales y por sectores completos”, explicó. Según el dirigente, esa transición permitiría que los sindicatos presenten pliegos sectoriales que obligarían a las empresas de un gremio a sentarse a negociar un...
En la práctica, advirtió Ospina, esa convención tendría efecto sobre compañías que no participaron en la negociación y obligaría a los trabajadores del sector a pagar cuotas por beneficios convencionales a los sindicatos firmantes. “Se puede generar una hegemonía sindical, un unicato. Trabajadores y empresas quedarían subordinados a reglas que no necesariamente responden a su realidad operativa”, sostuvo.
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El riesgo, en su lectura, es económico y operativo. “Una convención diseñada para un sector entero puede imponer cargas que algunas empresas no podrían asumir; eso podría afectar empleos y la viabilidad de firmas medianas y pequeñas”, señaló. Ospina enlazó la discusión con la coyuntura: menor dinamismo en contratos de exploración, desafíos en la provisión de gas y propuestas regulatorias en debate que, según él, requieren evaluación técnica antes de cualquier implementación.
UTIPEC plantea una doble estrategia. Primero: articular una defensa jurídica frente a medidas regulatorias que consideren perjudiciales. Segundo: consolidar una agenda de propuestas para el nuevo gobierno que asumirá en agosto de 2026, con iniciativas orientadas a preservar la actividad productiva y el empleo en la cadena de hidrocarburos. “Seguiremos defendiendo hasta el último día de este gobierno”, dijo Ospina, y añadió que el 7 de agosto prepararán un paquete de propuestas para la nueva administración.
El sindicato afirma que su base no se limita a empleados de grandes operadoras; busca integrar a trabajadores de contratistas y proveedores de servicios petroleros. “Queremos representación real y plural de quienes trabajan en la industria”, dijo Ospina, que resaltó la intención de incluir a diferentes perfiles profesionales dentro del sector.
No todo es consenso. En el Congreso, representantes gremiales plantearon la necesidad de mantener la competitividad y la seguridad jurídica como requisitos para atraer inversión. Desde el punto de vista empresarial, advirtieron, cualquier cambio que reduzca la flexibilidad contractual o aumente los costos laborales debe evaluarse con modelos financieros y fiscales que permitan medir su impacto.
Por su parte, desde la esfera laboral se argumenta que la negociación sectorial puede cerrar brechas y elevar condiciones mínimas, reduciendo fragmentación sindical. Ese argumento fue escuchado en mesas de debate: defensores de la ampliación consideran que la medida podría homogeneizar estándares de remuneración y beneficios en sectores con alta dispersión.
En medio de estas posiciones, UTIPEC dice haber enfrentado oposición interna y externa. Ospina aseguró que tanto él como otros directivos han recibido amenazas y que han solicitado medidas de protección. Este elemento, dijo, complica la posibilidad de entablar diálogo en igualdad de condiciones y añade un componente de seguridad al debate.
El Congreso de Acipet en Barranquilla dejó en evidencia que el debate sobre el futuro del sector energético no es solo técnico: tiene una dimensión laboral y social que requiere acuerdos concertados. La expectativa ahora está en conocer el texto definitivo que, según fuentes del sector, el Ministerio de Trabajo estaría afinando antes de su presentación.
Mientras tanto, UTIPEC seguirá su proceso de convocatoria y consolidación. Su propuesta consiste en combinar defensa jurídica con propuestas sectoriales que, según la organización, garanticen la continuidad productiva y protejan el empleo en la industria petrolera. En sus palabras: “no se trata de confrontar, sino de construir soluciones que duren en el tiempo”.
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