Internacional - Estados Unidos confirmó la reducción del 92% en su cooperación internacional, impactando directamente a Colombia con la suspensión de más de 413 millones de dólares en asistencia. La administración de Donald Trump ejecutó esta medida en el marco de su política de recorte presupuestario, afectando programas financiados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), esenciales para la implementación del acuerdo de paz, la asistencia humanitaria y la lucha contra el narcotráfico.
Este recorte compromete la operatividad de múltiples organizaciones no gubernamentales (ONG) y agencias estatales que dependían de estos fondos. En 2024, USAID representó el 70% de la ayuda humanitaria en Colombia, con más de 330 millones de dólares destinados a proyectos en comunidades vulnerables. Ahora, la interrupción de estos recursos pone en riesgo la continuidad de iniciativas estratégicas en zonas de conflicto y con altos índices de pobreza.
Uno de los sectores más afectados es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuya labor de investigación y reparación a las víctimas del conflicto armado se financia en gran parte con recursos internacionales. Sin este apoyo, los procesos de justicia transicional podrían sufrir retrasos significativos, debilitando los esfuerzos de reconciliación y esclarecimiento de crímenes cometidos durante décadas de violencia.
El recorte también impacta la lucha contra el narcotráfico. Gran parte de los fondos de USAID estaban destinados a la sustitución de cultivos ilícitos y al desarrollo económico en comunidades rurales. Sin estos recursos, las estrategias de erradicación y alternativas productivas para campesinos podrían verse afectadas, dificultando la contención del crecimiento de cultivos ilegales y el fortalecimiento de economías locales.
Ante este panorama, el presidente Gustavo Petro, en una declaración realizada hace dos semanas tras el anuncio de Trump, instó a fortalecer la autosuficiencia de las instituciones colombianas y reducir la dependencia de la financiación extranjera. "USAID no puede ser responsable de pagar a nuestros funcionarios", afirmó, subrayando la necesidad de replantear el modelo de cooperación internacional. Analistas advierten que la falta de apoyo financiero podría ralentizar los avances logrados en consolidación de paz y desarrollo territorial.
Mientras la comunidad internacional evalúa las repercusiones de este ajuste presupuestario, Colombia enfrenta el reto de encontrar fuentes alternativas de financiamiento. La prioridad ahora es asegurar la sostenibilidad de proyectos clave para la estabilidad económica y social del país, mientras se redefine el papel de la cooperación internacional en la región.
