Colombia - El pasado 25 de mayo se conoció que la Junta Directiva de Ecopetrol contrató a la firma estadounidense Covington & Burling, especializada en manejo de crisis, cumplimiento normativo y reputación corporativa, con el propósito de evaluar los riesgos reputacionales y regulatorios derivados de los señalamientos por presuntos actos de corrupción en contra del presidente de la compañía, Ricardo Roa.
Esta decisión fue tomada en una sesión ordinaria de la Junta, marcada por la ausencia de Roa, y quedó consignada en las actas correspondientes. Allí se expresó explícitamente la preocupación por el posible impacto que las acusaciones contra el actual presidente puedan tener sobre la imagen de Ecopetrol, tanto a nivel nacional como frente a inversionistas internacionales y autoridades regulatorias en Estados Unidos.
Fuentes cercanas a la Junta indicaron que la contratación buscó anticipar posibles efectos adversos derivados de informes periodísticos, auditorías internas y dudas no resueltas en torno a la gestión de Roa. Según los documentos citados por medios nacionales, el contrato con Covington & Burling contempla asesoría en gobernanza corporativa y análisis del cumplimiento de normativas como la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) y regulaciones de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).
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La Junta solicitó específicamente una evaluación sobre la percepción en Estados Unidos de las acusaciones que vinculan a Roa con transacciones y adquisiciones cuestionables. Entre ellas, figura la compra de un apartamento en Bogotá presuntamente conectada con una sociedad offshore vinculada al empresario Serafino Iacono. También se indagan relaciones contractuales de empresas ligadas a William Vélez Sierra, relacionadas con el proyecto Termomorichal, y presuntos nexos de su entorno familiar con adjudicaciones dentro de Ecopetrol.
Otra línea de revisión en la que la Junta pidió claridad tiene que ver con la gestión de Roa como gerente de campaña del presidente Gustavo Petro. En particular, la firma examinaría la incidencia de investigaciones en curso por presunta financiación irregular, violación de topes y aportes no reportados por más de $5.300 millones, que adelantan el Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía General de la Nación.
Según fuentes internas, esta auditoría externa se convirtió en la acción más visible adoptada por la Junta para salvaguardar la reputación institucional de Ecopetrol en un contexto de creciente tensión entre su presidencia y el órgano de gobierno. Covington & Burling también analiza prácticas contables internas y potenciales conflictos de interés que puedan derivar en sanciones o cuestionamientos regulatorios.
Aunque el caso se maneja bajo estrictas cláusulas de confidencialidad, se espera que los resultados sean evaluados por la nueva composición de la Junta Directiva. El hermetismo y el aumento del costo del contrato han generado inquietudes sobre su sostenibilidad financiera y sobre la capacidad de Ecopetrol para implementar medidas correctivas, en caso de que se confirmen las vulnerabilidades advertidas por la firma.
