Colombia — Apps de transporte reaccionaron a una iniciativa del Gobierno que propone un endurecimiento del régimen sancionatorio en el sector movilidad y que, según versiones conocidas del proyecto en trámite, incluiría multas elevadas, inmovilización de vehículos y nuevas responsabilidades para plataformas, conductores y terceros vinculados a la operación.
La reacción se activó luego de que medios nacionales revelaran apartes y alcances generales del proyecto que el Ministerio de Transporte impulsa junto con la Superintendencia de Transporte. A partir de esas versiones, directivos de aplicaciones de movilidad advirtieron sobre el impacto económico y operativo que tendrían las medidas planteadas si avanzan en los términos descritos.
En el centro del debate está el componente sancionatorio. De acuerdo con la información divulgada, el proyecto contempla multas que superarían ampliamente las sanciones actuales del Código Nacional de Tránsito, además de periodos prolongados de inmovilización de vehículos utilizados para prestar servicios intermediados por aplicaciones. Las plataformas señalan que ese enfoque punitivo podría alterar de forma directa la prestación del servicio.
El alcance de las sanciones no se limitaría a conductores o empresas tecnológicas. Según lo que se ha conocido, el texto en trámite ampliaría la responsabilidad a propietarios de vehículos y a terceros que faciliten la operación, como administradores de conjuntos residenciales, parqueaderos u otros espacios donde se permita el uso de estos servicios.
Reacciones del sector ante la iniciativa del Gobierno
Los primeros pronunciamientos empresariales coincidieron en cuestionar el énfasis sancionatorio del proyecto. “El problema no es la regulación, sino que se esté planteando un esquema punitivo sin un marco claro que reconozca cómo funciona la intermediación digital de viajes”, señaló un vocero del sector en declaraciones públicas.
Las plataformas insistieron en que el país arrastra desde hace años un vacío regulatorio sobre este tipo de servicios, pero advirtieron que una respuesta centrada en multas y restricciones puede tener efectos negativos sobre el empleo y la oferta de movilidad urbana. En Colombia, miles de personas dependen de estas aplicaciones como principal o complementaria fuente de ingresos.
Desde el punto de vista económico, el mercado de apps de transporte mueve millones de viajes al mes y se ha integrado a la dinámica cotidiana de las principales ciudades. Analistas señalan que medidas que eleven de manera abrupta los costos operativos o limiten la disponibilidad de vehículos podrían trasladarse a tarifas más altas para los usuarios o a una reducción del servicio.
H3 Contexto regulatorio y puntos críticos
La iniciativa se enmarca en un debate más amplio sobre la regulación de las plataformas de movilidad por aplicaciones. En el Congreso han cursado proyectos que buscan crear un marco legal específico para estos servicios, con requisitos de registro, seguros y condiciones de operación, aunque sin una definición definitiva hasta ahora.
Lo que diferencia el proyecto que hoy genera reacciones es su enfoque en el fortalecimiento de las facultades sancionatorias del Estado. Según las versiones conocidas, se habilitarían herramientas para suspender operaciones, imponer multas de alto valor y ordenar inmovilizaciones prolongadas, incluso sin que exista una regulación integral previa del servicio.
Las empresas advierten que, sin acceso al articulado completo, resulta complejo evaluar si se trata de un proyecto de ley de alcance general o de una reforma puntual al régimen sancionatorio vigente. Esa indefinición complica la planeación empresarial y la toma de decisiones en el corto plazo.
En paralelo, asociaciones de conductores han manifestado preocupación por la estabilidad de sus ingresos. Para muchos, las apps de transporte representan una alternativa laboral flexible en un contexto de desaceleración económica y altos niveles de informalidad.
Desde la óptica del mercado, economistas subrayan que la discusión no solo es jurídica, sino también económica. Un esquema que penalice la intermediación digital sin ofrecer una ruta clara de formalización podría reducir la competencia y afectar la movilidad urbana.
Mientras el proyecto continúa su trámite, el sector insiste en la necesidad de abrir espacios de diálogo técnico que permitan construir una regulación equilibrada. Las plataformas reiteran su disposición a participar en ese proceso, en un momento en el que la definición de las reglas de juego tendrá efectos directos sobre empleo, costos de transporte y economía digital.
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