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La Corte Constitucional anuló tres resoluciones de Supersalud que ordenaban la intervención de EPS Sanitas desde abril de 2024. La decisión ampara el debido proceso de Keralty y empresas afiliadas.
La auditoría a la Supersalud expone serias falencias en la gestión de recursos públicos, destacando pérdidas millonarias y fallos en medidas de vigilancia. Los hallazgos comprometen $5.640 millones y generan cuestionamientos.
La Procuraduría General de la Nación investiga al Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal Angarita, por presuntas irregularidades en la toma de posesión de la EPS Sanitas. Se destaca la falsa motivación y la designación del interventor.
La intervención de Sanitas, calificada como improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminatoria por el Grupo Keralty, dueños de la EPS, genera preocupación. Además, el Grupo Internacional anuncia que está estudiando posibles demandas.
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